MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado las "graves consecuencias" y la "irregularidad" de varias actuaciones de la Oficina de Extranjería de Valencia un menor extranjero no acompañado (MENA), que no obtuvo la autorización de residencia que le correspondía.
El letrado del menor, Francisco Solans, es el que llevó este caso al Defensor del Pueblo, ante el que denunció que la Oficia de Extranjería "ha vulnerado groseramente los derechos" del menor. El abogado ha recalcado que tras la actuación de la institución, la Fiscalía "deberá analizar e investigar" si se ha cometido delito por parte de la oficina.
Según denunció el abogado, la oficina "viene manteniendo una interpretación burda" de la ley "con tal de impedir que los menores no acompañados que cumplan la mayoría de edad puedan alcanzar sus derechos". Tal y como explica Solans, las autoridades deberán tramitar la repatriación del menor "si se pudiera y se comprobara que esa repatriación redunda en su interés" y, si no se puede, "en un plazo máximo de 9 meses se le debe documentar con una autorización de residencia prorrogable".
Pese a ello, la Oficina de Extranjería de Valencia "con la connivencia de la Administración autonómica" interpreta que "ese plazo es mínimo" y mientras no se cumplen los meses "no se hace absolutamente nada", según sostiene el abogado.
Pero, según apunta, surge un problema cuando unos días antes de cumplir los nueve meses "de desamparo y acogimiento", el menor cumple la mayoría de edad, como es el caso de su cliente. "La jugada de extranjería está servida: como ya no es menor de edad, se le convierte en un irregular más, y se le convierte en carne de cañón y de expulsión del país", subraya.
En este caso, el abogado explica que, tras pedir que se arreglaran sus papeles, fue el propio menor quien presentó su solicitud de ser documentado días antes de cumplir los 18 años. "La respuesta de la Administración fue contumaz y excesiva, por cuanto ni tan siquiera se admitió a trámite la solicitud, bajo la excusa burda de que no podía ser él quien solicitara sus propios intereses, sino que sólo podía hacerlo la Administración tutelar, a la que la propia Oficina de Extranjeros instruye para que no lo haga sino pasados los nueve meses", denuncia.
Solans, que puso en conocimiento del Defensor del Pueblo este caso, recomendó a la Oficina de Extranjería que revocara la inadmisión y se concediera al menor una autorización como residente legal, conforme a Derecho. Sin embargo, se ha mantenido en su postura.
Por su parte, el Defensor del Pueblo argumenta que "se comprueba la irregularidad" en varias de las actuaciones de la Oficina de Extranjería, como su negativa a documentar al menor, o al basar la inadmisión de la solicitud presentada por el interesado sin aportar la resolución administrativa que acreditaba su condición de menor extranjero no acompañado.
"Teniendo en cuenta la irregularidad de la actuación adoptada, así como las graves consecuencias para el menor, que no obtuvo la autorización de residencia que le correspondía, se ha dado traslado del presente asunto a la Fiscalía General del Estado", concluye el Defensor del Pueblo en su escrito de respuesta al abogado Francisco Solans.
