Publicado 17/04/2020 15:59

El Gobierno defiende una inmigración ordenada y regular tras la petición de regularizar a personas 'sin papeles'

Manifestación contra la criminalización y la represión a manteros en Barcelona.
Manifestación contra la criminalización y la represión a manteros en Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

   MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido una inmigración "ordenada y regular" al tiempo que ha dicho que es al Ministerio del Interior al que le corresponde aplicar los protocolos en materia de extranjería y discernir entre aquellos que migran por una cuestión económica y quienes vienen a España en busca de asilo.

   Así lo ha manifestado durante una rueda de prensa ofrecida en la Moncloa, tras ser preguntada si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas extraordinarias para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España durante la pandemia del COVID-19, teniendo en cuenta que hay en marcha una campaña cuyo lema es '#RegularizacionYa' en la que más de 900 ONG exigen al Ejecutivo su regularización.

   En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha procedido a la regularización de personas migrantes para la contratación en el sector agrario. "Es para los que se encuentran de forma regular, lo que tiene que ver personas que han entrado de otra forma pues el Ministerio del Interior tiene que aplicar los protocolos correspondientes", ha subrayado.

    Para Montero, "es bueno no mezclar ambos entornos". Así, ha defendido la necesidad de una inmigración "ordenada y regular" al tiempo que ha expresado su "máxima sensibilidad" con todas las personas que huyen buscando mejores condiciones de vida.

   Según ha incidido, el Gobierno va a "dar el combate por la economía sumergida" y que sitúa a los trabajadores en "desventaja" respecto a un empleo dignos y a sus derechos. "No queremos que nadie se queda atrás", ha remarcado, antes de recordar que el Ejecutivo va a poner en marcha un ingreso mínimo vital y "eso no implica que el Gobierno no combata" la actividad sumergida que, según sostiene, "no respeta" los derechos humanos.