EUROPA PRESS
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha asegurado que el Gobierno distribuirá "la última semana de octubre o la primera de noviembre" los 40 millones de euros para la mejora de la atención y acogida solidaria entre las comunidades autónomas de los más de 11.174 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que hay en España.
El Real Decreto que contempla esta partida económica está "en fase final" por lo que el reparto podrá realizarse a finales de este mes o inicios del próximo, ha dicho la responsable de este departamento durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Según los datos oficiales que ha recordado la ministra en su intervención, a fecha 30 de septiembre de este año, había en España 11.174 menores migrantes solos. "Tanto el Gobierno como las comunidades a nos estamos esforzando para dar respuesta las necesidades de estos menores", ha manifestado Carcedo.
Asimismo, ha incidido en que se está revisando el protocolo de intervención con los menores extranjeros no acompañados en vigor. En él están trabajando los ministerios de Justicia, Interior y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, conjuntamente con las administraciones autonómicas. En este sentido, ha afirmado que se revisará el procedimiento de identificación de estos menores migrantes no acompañados, así como el de su ingreso en los centros de menores.
"Es un decreto que intenta ser justo y estimular que las comunidades autónomas puedan acoger si tienen menos presión", ha argumentado, incidiendo en que las competencias autonómicas en materia de tutela de menores "son las que son" y debe "respetarse" porque a ella "obligan las leyes".
La ministra ha recalcado que la infancia es "una prioridad" para el Gobierno, al tiempo que ha manifestado que el "61% de la población considera que los jóvenes de hoy tendrán una vida peor que sus padres". Por ello, está "impulsando" la redacción de la Ley contra la violencia infantil "previa apertura de un amplio proceso de participación" entre ministerios, fiscalía de menores, ONG y otras entidades.
Asimismo, se está pensando en un plan de acción sobre adicciones para el periodo 2018-2022 para abordar el "problema" del uso "compulsivo de internet" que, según la ministra, afecta a un "21% de estudiantes entre 14 y 18 años", o del juego con dinero a través de internet que practica alrededor del 6%. En esta línea, ha subrayado que se está trabajando en un nuevo plan estratégico de Infancia y Adolescencia, al tiempo que ha dicho que "en breve" se remitirá al Consejo de Estado para su dictamen el reglamento de adopción internacional.
REDACCIÓN INICIAL DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Respecto a las políticas de dependencia y su financiación, cuya explicación han reclamado varios grupos de la oposición, la ministra ha expresado su intención de incrementar la participación del Estado en la financiación de la dependencia, cuya competencia es de las comunidades autónomas. En este sentido, ha cargado contra los "recortes" contemplado en el Real Decreto 20/2012 esta materia.
"Queremos recuperar la redacción inicial de la ley eliminando la limitación del real decreto. Nuestro objetivo es recuperar todos los recortes", ha sentenciado en su segunda intervención, tras ser cuestionado por la oposición.
La ministra, que ha apuntado que una de cada cinco personas en España es mayor de 65 años, ha dicho que el envejecimiento poblacional "reta" a su departamento a trabajar para que las personas mayores "vivan más y en mejores condiciones".
En concreto, ha señalado que impulsará una estrategia nacional para las mujeres mayores vulnerables, conjuntamente con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Así, promoverá políticas de Estado para una "adecuada atención a mujeres mayores del entorno rural".
Carcedo ha dicho que ya se está tramitando la reforma legislativa sobre tutela de personas con discapacidad para 2018. El objetivo, según ha explicado, es adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en vigor desde 2008 y fomentar el "respeto a la voluntad y preferencias" de las personas de este colectivo.
