Dice que la medida del PP "supondría una clara coacción" del derecho de una mujer a ser madre
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
Juezas y Jueces para la democracia ha avisado de que la propuesta del PP de que una mujer en situación irregular en España no sea expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción "choca frontalmente" con la ley. "La entrega coactiva en adopción, pues no se puede calificar de otra manera la situación que se propone, choca frontalmente con la letra y el espíritu de nuestra ley fundamental", señalan desde esta organización.
Según explican, la Constitución obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos y de las madres y del derecho a la intimidad familiar, que con esta propuesta se vulneraría. También se violarían derechos consagrados en instrumentos internacionales como es el caso de la declaración universal de los derechos humanos en cuanto al derecho de cualquier persona a fundar su propia familia (artículo 16) o a no sufrir injerencias en su vida familiar (artículo 12).
Asimismo, se vulnerarían derechos del pacto internacional de derechos civiles y políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículos 17 y 23) o del convenio de Roma para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (artículo ocho).
Asimismo, recuerdan que la legislación de extranjería ya señala que la expulsión no podrá ser ejecutada cuando afecte a las mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre.
"La situación de las mujeres extranjeras embarazadas en situación de ilegalidad en el territorio nacional supone una posición de especial vulnerabilidad que no puede ser explotada y menos en aras de una política demográfica que puede ser llevada a cabo mediante medidas de fomento de la natalidad y conciliación de la vida familiar y laboral", subrayan.
Para la organización, la puesta en marcha de una medida como el PP "supondría una separación forzada en la propia raíz de la relación materno filial, lo que resulta inadmisible desde el punto de vista de la ética y del derecho".
Asimismo, insiste en que esta decisión "se encuentra en las antípodas de las obligaciones internacionales del Estado español pretendiendo obtener un beneficio político de la situación de vulnerabilidad de la mujer emigrante embarazada".
"Situar a la mujer emigrante en la tesitura de ser expulsada de forma pronta o dar a su descendencia en adopción atenta igualmente al derecho del menor a la vida familiar y al principio jurídico consagrado internacionalmente de protección del "interés superior del niño/a" que implica que los menores no nacionales son menores antes que extranjeros", apostilla.
"COACCIÓN DEL DERECHO DE LA MUJER A LA MATERNIDAD"
La organización ha expresado "su profunda consternación" tras conocer la propuesta del PP. "Una medida como ésta supondría una clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad y situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción", señala la organización.
A su juicio, "ninguna política pública en un Estado democrático de derecho puede situar a las personas en una tesitura como esa". "No es posible admitir propuestas para legislar que impliquen la mercantilización de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los niños, sea cual sea su nacionalidad, situación económica o administrativa".
