MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Observatorio de Derechos Humanos (DESC) y la Coordinadora de Barrios ven "una buena noticia" la reapertura de la causa que investiga la muerte de al menos 15 migrantes el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal (Ceuta).
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha ordenado por segunda vez la continuación de la causa tras estimar los recursos de apelación interpuestos por estas organizaciones sociales. Recurrieron contra el auto dictado en enero que ordenó el sobreseimiento libre de las actuaciones relacionadas con esta causa.
En declaraciones a Europa Press, una de las abogadas de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, se confiesa "contenta" ya que "es un paso" que se haya estimado el recurso y se reabra la causa cuya instrucción, según ha recalcado, ha sido hasta ahora "muy dificultosa". "Son hechos gravísimos, con muertes, y otros tantos heridos, que hay que investigar en profundidad", ha argumentado.
"No es que sea una gran victoria, pero es una buena noticia que se reabra y se siga investigando", ha señalado también a Europa Press la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela. Por su parte, CEAR espera que esta decisión contribuya "a que se haga definitivamente justicia" y que "sea el paso definitivo para que se haga justicia, se acabe con la impunidad y así se evite que hechos tan lamentables y dolorosos puedan volver a repetirse".
Los representantes de las organizaciones sociales que exigieron que continuara la investigación de estas muertes ven "lógico" que se acceda a tomar declaración a dos de los supervivientes, al tiempo que censuran inicialmente no se hiciera.
En el auto, la Audiencia Provincial ordena, al menos, intentar practicar la testifical de dos supervivientes localizados en Alemania cuya identidad responde a las iniciales L.N. y L.A.S. La causa se abrió hace casi cuatro años, cuando un número "indeterminado" de migrantes de origen subsahariano pretendió acceder a territorio español bordeando el espigón marítimo fronterizo, un intento que se saldó con al menos 15 personas muertas.
Según ha manifestado Escorihuela, realizar esas testificales es precisamente "lo que se había acordado", por lo que lo "extraño" es que no se hiciera en su momento. "Uno de los mayores riesgos de la causa es la impunidad", ha subrayado.
"NO PUEDE HABER JUSTICIA SIN OÍR A VÍCTIMAS"
Por su parte, Fernández ha apuntado que no se puede hacer justicia "sin haber oído a las víctimas" supervivientes. Según ha explicado, el juzgado acordó la toma de declaración y se les localizó, pero posteriormente el juzgado "inopinadamente" presumió que estas personas no podían comparecer por estar en situación irregular. "Eso no se ajusta a derecho", sostiene.
Según ha afirmado, el juzgado dio por hecho "su situación irregular, cuando no tiene porqué ser así". Además, el hecho de no tener papeles "no te quita el derecho a ser víctima". "Nuestra legislación así lo prevé", ha aseverado.
Fernández, que tacha "de precipitados" los dos archivos de la causa, ha defendido la importancia de saber qué pasó y "arrojar luz" a las familias que así lo reclaman. "Exigimos justicia, que se repare a las víctimas y garantías de no repetición", ha recalcado en declaraciones a Europa Press.
