13 de diciembre de 2019
  • Jueves, 12 de Diciembre
  • 14 de noviembre de 2019

    ONG suspenden a España en materia de asilo y acogida y avisan de que está "peor" que en 2015

    ONG suspenden a España en materia de asilo y acogida y avisan de que está "peor" que en 2015
    Un joven de Ghana, Charly, reclama su cita ñara pedir arraigo ante la Oficina de Extranjería - EUROPA PRESS - ARCHIVO

    MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

    Quince organizaciones de la sociedad civil han advertido de que España está "peor" ahora que en el año 2015 en materia de protección internacional y de acogida. Tal y como han destacado, existen "constantes" deficiencias en el sistema y vulneraciones de derechos de los solicitantes de asilo.

    Así lo han puesto de manifiesto este jueves, 14 de noviembre, durante la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y de acogida del Estado español. Este documento lo llevarán ante la ONU en el marcó de la realización del Examen Periódico Universal (EPU).

    "Las ONG estamos muy preocupadas porque la situación se agrava, empeora y no mejora", ha manifestado la responsable del área jurídica de Red Acoge, Elena Vázquez durante la presentación de este informe.

    Este documento ha sido elaborado conjuntamente por PlatRefugio, una plataforma integrada por 15 organizaciones de la sociedad civil, como Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Pueblos Unidos o Movimiento por la Paz.

    El EPU es un proceso de revisión periódica de los 193 Estados Miembros de la ONU sobre el cumplimiento de las obligaciones y
    compromisos de los Estados en materia de derechos humanos. Se realiza cada cinco años y el procedimiento concluye con la formulación de recomendaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos al Estado examinado, que indicará si rechaza o acepta los consejos total o parcialmente.

    EXAMEN A ESPAÑA EN 2020

    España debe pasar su tercer examen el próximo mes de enero de 2020 y, de cara a esta cita, la organizaciones han redactado un informe conjunto en el que hacen "un balance negativo" de la situación de los derechos en el sistema de protección internacional y acogida.

    De hecho, han recalcado que España ha desatendido las recomendaciones del examen del año 2015 relacionadas con medidas políticas y legislativas para garantizar procedimientos de asilo eficaces conforme con el derecho internacional.

    Para estas organizaciones, los derechos de las personas solicitantes de asilo en España están siendo vulnerados. Según han recalcado, existen "graves deficiencias" en el sistema de protección internacional y acogida.

    Uno de los principales problemas que han detectado es el desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009 de Asilo que genera "una grave situación de inseguridad jurídica" a las personas solicitantes de asilo ya que "da lugar a la arbitrariedad y dispersión de criterios y procedimientos".

    "Han pasado 10 años desde la aprobación de la Ley de Asilo y a día de hoy no hay nada sobre el desarrollo reglamentario que complete las lagunas y vacíos de la ley cuando debería haber estado hecho en 2010", ha dicho Ruth Álvarez, la responsable jurídica de una de las ONG participantes.

    "No es exclusivamente cuestión de financiación sino de voluntad política y de preocuparse del cumplimiento de las obligaciones internacionales que España está incumpliendo", sostiene. Esto conlleva que los solicitantes de asilo "no obtienen los derechos establecidos por ley" y muchos "se ven abocados a estar en la calle", según ha apostillado.

    En cuanto a la solicitud del asilo en frontera, las ONG sostienen que el Estado español "incumple reiteradamente" el principio de no devolución, amparándose en el acuerdo bilateral con Marruecos y en la Ley de Seguridad Ciudadana.

    Además, han lamentado que en la frontera no se cumplan "las garantías procesales del acceso al procedimiento de asilo habiéndose detectado numerosas irregularidades", tales como la falta de información, privacidad e individualización en las entrevistas o la falta de intérpretes.

    "TRABAS Y GRAVE INSEGURIDAD JURÍDICA"

    Por otro lado, han aseverado que las fases de admisión a trámite e instrucción "se han convertido en una lista interminable de trabas y dificultades", lo que genera una "grave inseguridad jurídica" y agrava "las situaciones de vulnerabilidad".

    Asimismo, entre las deficiencias detectadas, las ONG han advertido del incumplimiento de los plazos legales establecidos tanto en la formalización de las solicitudes de asilo como en la fase de instrucción. También han avisado de la falta de garantías en las entrevistas para la formalización de las solicitudes y de la falta de garantías procesales del sistema de petición de citas.

    Además, tal y como han asegurado las entidades de la plataforma, existen "criterios de resolución dispares y discriminatorios" y el sistema de acogida es "un procedimiento ineficaz e inflexible que no facilita, y a menudo entorpece", la inclusión de las personas refugiadas.

    Así, las organizaciones de la sociedad civil instan al Estado español a revisar las actuales prácticas para garantizar un sistema de asilo y acogida "que respete, proteja y haga efectivos los derechos" de las personas solicitantes de protección internacional.

    Entre otras actuaciones, han reclamado a España que adopte el reglamento de desarrollo de la ley 12/2009 de asilo. También le ha pedido que garantice un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado "ágil, eficaz y eficiente, que asegure el principio de igualdad y no discriminación, la protección y garantías de los derechos" de los solicitantes, así como la detección de situaciones
    de vulnerabilidad.

    Asimismo, las ONG han instado a España a que modifique la legislación para "abolir" las devoluciones de migrantes y plantee las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del
    principio de no devolución.

    De igual forma, han pedido a España que revise el actual modelo del sistema de acogida para facilitar la integración de las personas refugiadas. El Estado español, según han lamentado, ha delegado en organizaciones no gubernamentales la acogida y atención estas personas, teniendo en cuenta que es "su responsabilidad".

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