Actualizado 25/09/2019 17:09

Las ONG ven "positivo" procesar a los 16 agentes, pero barajan pedir más diligencias

Acto en recuerdo de las víctimas del Tarajal
Acto en recuerdo de las víctimas del Tarajal - EUROPA PRESS - Archivo

   Algunas de las ONG personadas en la causa ven "importante" que declare el tercer testigo hallado en Alemania e identificar a las víctimas

   MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Las ONG que están personadas en la causa abierta por la tragedia del Tarajal han calificado de "positivo" y de "buena noticia" el nuevo auto dictado por la juez instructora, si bien algunas se planten pedir la práctica de más diligencias de prueba.

   La juez ha acordado continuar las diligencias previas para la preparación de juicio oral contra los 16 guardias civiles investigados por su actuación en la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014, cuando 15 migrantes murieron ahogados intentando entrar en España. Para la instructora, existen indicios de que los agentes, con su proceder, incurrieron en dos presuntos delitos de homicidio imprudente y denegación de auxilio.

   De esta forma, ahora la juez procesa a los guardias civiles, teniendo en cuenta que en dos ocasiones --en enero de 2017 y en agosto de 2018-- la magistrada había ordenado el sobreseimiento de la causa, si bien la Audiencia Provincial ordenó su reapertura.

   "Esta decisión aporta un poco de luz para las familias, tras cinco años y medio en los que la causa ha sido archivada dos veces y se ha reabierto gracias a los recursos de apelación que presentamos las acusaciones", ha destacado la coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, que ha confesado haber recibido "con satisfacción" el auto.

   A su juicio, esta decisión de la juez "es un punto importante" en esta batalla que "a veces" se dio por perdida. "Por delante de todo está la reparación a víctimas y las familias", ha subrayado Favieres. Asimismo, ha destacado que el auto parte de la premisa de que en un Estado de Derecho la protección de fronteras debe hacerse bajo un marco normativo y el respeto de los derechos humanos, que son "universales, indivisibles e inalienables", y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deben adaptarse a él.

   Además de CEAR, en la causa están personadas como acusaciones otras cinco organizaciones. Tanto ellas como la Fiscalía, ahora tienen diez días para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

DILIGENCIAS "PENDIENTES" POR PRACTICAR

   En declaraciones a Europa Press, la presidenta del Observatorio de Drets Humans (DESC), Irene Escorihuela, ha dicho que es "una buena noticia" la intención de la juez, si bien ha apuntado que es "un poco un cierre en falso" porque, es su opinión, faltan diligencias por practicar. Por ejemplo, que "pendiente" la declaración de un tercer testigo de los hechos hallado en Alemania.

   "Nos hubiera gustado que se hubieran realizado más pruebas para ir a juicio con más material y más seguros", ha remarcado. Durante el último año se ha interrogado a dos testigos supervivientes de los hechos, si bien la magistrada renunció hace unos días a volver a intentar tomar declaración este tercer testigo.

   Tal y como ha explicado Escorihuela a Europa Press, DESC está pensando en si pedir la realización de más pruebas, algo que alargaría el proceso, o si pedir la apertura de juicio ya al existir "suficiente material" y teniendo en cuenta que hay pruebas "pendientes" que se pueden practicar durante el juicio.

   Desde Coordinadora de Barrios, la abogada Patricia Fernández, considera que el auto de la juez "supone un paso positivo" y va encaminado a fijar responsabilidad en las muertes de los migrantes. Asimismo, ha celebrado que la juez quiera enjuiciar los hechos "en clave de derechos humanos". "Tarajal es consecuencia de la política de cierre de fronteras que desconoce los derechos humanos", ha aseverado a Europa Press.

   Esta ONG quiere que se practiquen diligencias para la identificación de los cuerpos de las víctimas. Concretamente, que tomen muestra de ADN a las familias cuyos hijos desaparecieron el 6 de febrero de 2014 y se cotejen con los cuerpos sin identificar que yacen en el cementerio de Santa Catalina.

   En principio, Coordinadora de Barrios tiene pensando formular escrito de acusación en el plazo de los diez días dado por la instructora, aunque no ha decidido si en él pedirá que se practiquen las diligencias para la identificación de los cuerpos, o bien lo hará de cara al juicio.

   "Estamos valorando cual es la mejor manera para asegurarnos de que se practique esa diligencia que es importante para garantizar los derechos de las víctimas --ha agregado Hernández-- Una parte importante de hacer justicia es poner nombre a las víctimas".

   En el plazo de 10 días dados por la juez, la Fiscalía debe expresar su posición. En caso de que decidiese no ejercer la acusación, la causa podría no llegar a juicio en aplicación de la denominada 'doctrina Botín', tal y como han apuntado fuentes jurídicas.

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