MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) cree que "difícilmente" se puede hablar de "llegadas masivas o de invasión" a pesar del aumento de la llegada de pateras a las costas españolas y de la gravedad humanitaria" de la situación en la que quedan las personas que entran de manera irregular en España.
La organización destaca que en 2018 han accedido a España por mar y por tierra 21.527 personas del total de las 64.710 llegadas a Europa por las diferentes rutas del Mediterráneo. En este contexto, recalca que estas cifras están "muy lejos" de las 186.768 personas que llegaron por esta vía en 2017, o de las 390.493 y 1.046.599 que llegaron en 2016 y 2015, respectivamente.
Para el SJM, el aumento "importante" de las entradas irregulares de personas migrantes pone de manifiesto "la debilidad de los programas y protocolos de recepción en costas y acogida humanitaria" y, por otro lado, "la insuficiencia de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad europeos".
De hecho, denuncia la "precaria gestión y eficacia del sistema de atención humanitaria" de los migrantes que llegan así como de aquellas que son puestas en libertad desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ante la imposibilidad de proceder a la ejecución de las resoluciones de expulsión o devolución.
BUSCAR SOLUCIONES DE "URGENCIA"
Así pues, la organización subraya que las recientes recomendaciones del Defensor del Pueblo a las secretarias de Estado de Seguridad y Migraciones instan al Gobierno a buscar soluciones de "urgencia y estructurales" para garantizar los derechos de las personas migrantes "que se ven constreñidas a entrar irregularmente en España, empleando vías inseguras y poniéndose en manos de las mafias y redes de tráficos de personas".
En concreto, solicita que se destinen "con carácter de urgencia" los fondos adicionales necesarios para que las personas que acceden irregularmente a las costas cuenten con alojamiento, manutención, cobertura de sus necesidades básicas, y se les dote de unas herramientas sociales mínimas para favorecer su integración en la sociedad.
Asimismo, exige que se garantice la existencia de plazas suficientes del programa de acogida humanitaria, destinadas a personas inmigrantes, con independencia de su nacionalidad, que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido al deterioro físico y a la carencia de apoyos.
También pide que "a la mayor brevedad se revise el protocolo de atención de emergencia a grandes contingentes, que tiene por objeto atender las situaciones de emergencia humanitaria derivadas de estas llegadas a través de la frontera terrestre o marítima". El objetivo es "evitar el uso de infraestructuras no idóneas para la primera acogida y asistencia".
Por último, reclama que al poner en libertad a un extranjero con una resolución de expulsión o devolución, se haga constar la imposibilidad de proceder a su ejecución en el momento en el que se produce la puesta en libertad.
