MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El informe de seguridad sobre el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha remitido a la Audiencia Nacional fue redactado en 2005, después de que el Congreso instara al Gobierno a construir la instalación.
Según han informado fuentes de SGN a Europa Press, el informe le fue encargado por ENRESA (la empresa pública que gestiona y almacena los residuos radiactivos en España) hace cinco años, en 2005 y que este fue realizado en el mismo año. SGN, la empresa francesa de ingeniería de la que la multinacional Areva, es también autora del diseño del ATC existente en Holanda.
Además, fuentes de Areva en España han precisado que el encargo se produjo después de que el 14 de diciembre de 2004 la Comisión de Industria Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobara pedir al Gobierno que, en colaboración con la empresa nacional de residuos radiactivos, desarrollara los criterios necesarios para instalar en España un ATC, de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos.
SGN ha añadido que el documento incluye "estudios de ingeniería, de concepción genérica, así como un estudio de seguridad, de una instalación de almacenamiento temporal centralizado ATC en España, que sería del mismo tipo de la instalación HABOG en los Países Bajos". Además, el documento "ha sido evaluado por la autoridad de seguridad española", es decir el Consejo de Seguridad Nuclear.
Este sería el informe "con cláusula de confidencialidad" que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio afirma haber proporcionado a la Audiencia Nacional ante la demanda presentada por la organización ecologista Greenpeace por vía contencioso-administrativo para conocer el proyecto técnico, el estudio de seguridad y otros documentos.
Por su parte, el alto tribunal, en una Providencia remitida a la organización ecologista, aduce que "no ha lugar a lo solicitado" por la ONG porque los documentos pedidos "no existen".
El departamento que dirige Miguel Sebastián ha precisado que no se realizará un informe concreto que evalúe todas las condiciones de la instalación hasta que no se conozca la ubicación definitiva del ATC. Sin embargo, ha apostillado que existe este informe, que es anterior, aunque "está sujeto a cláusulas de confidencialidad, que impiden que se de a conocer a terceros".
La explicación del Ministerio de Industria asegura que el ATC, de acuerdo a este documento, se ha concebido como una instalación industrial "totalmente segura" que "no requiere características específicas del terreno en el que se ubique, dado que su diseño es plenamente adaptable a las singularidades del emplazamiento finalmente escogido". El objetivo de Greenpeace es conseguir que el Gobierno anule "inmediatamente el proceso" para construir el silo nuclear.
