El Defensor del Pueblo acusa a las administraciones de enviarle información "insuficiente" en quejas de medio ambiente
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio sobre el Aeropuerto de Castellón al considerar que puede esta infraestructura, entre otras supone una "falta de estrategia en la planificación" que acarrea "perjuicios irreversibles o de difícil reparación en los espacios naturales y no pequeñas pérdidas económicas". Por ello, ha pedido un informe sobre esta instalación.
En la Memoria Anual del Defensor del Pueblo de 2012, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que en España hay numerosas infraestructuras que suponen grandes pérdidas en los espacios naturales y mermas económicas en infraestructuras con poca o escasa utilidad para el interés general, como el Aeropuerto de Castellón o el denominado 'Metropol Parasol' de Sevilla (las setas de la Encarnación).
Concretamente, en el informe solicitado quiere "conocer el estado del trámite, la fecha aproximada en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del Plan Director del Aeropuerto y la realidad. La investigación busca también comprobar la efectividad de la planificación aeroportuaria.
Así, recuerda que el informe del pasado año ya hacía referencia a que la evaluación estratégica no alcanza solo a lo ambiental. La evaluación estratégica "solo tiene sentido" si es hecha antes de tomar la decisión final. La Ley exige para los grandes planes y programas tener en cuenta la alternativa cero, es decir la posibilidad de su no realización.
"Como es bien conocido, muchas instalaciones, como aeropuertos, palacios de congresos, museos, estaciones, líneas ferroviarias e incluso carreteras se encuentran cerradas o infrautilizadas. Algunas investigaciones sobre esta situación se iniciaron ya hace años por
deficiencias en la evaluación de impacto y otras irregularidades, como es la falta de autorización inicial, algo tolerado y hasta justificado, en algunos casos, por la Administración Pública, todo ello con importantes consecuencias económicas. A la vez, es justo mencionar que en muchas otras ocasiones los sistemas jurídicos de control han funcionado", lamenta.
POCA INFORMACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
En general, en materia de Medio Ambiente, la Memoria del Defensor de 2012 considera que la "larga duración de las investigaciones" en torno a las quejas por asuntos medioambientales se debe, entre otras causas, a que las administraciones públicas le envían información "insuficiente" para esclarecer los supuestos de la queja, lo que provoca que la Institución deba solicitar informes adicionales.
Además, considera que es difícil obtener respuestas "sencillas y directas" y los informes de las administraciones van desde "meras notas telegráficas" hasta documentos "muy prolijos y a veces poco claros". "El término medio, de respuestas concisas y completas, es infrecuente", añade.
Asimismo, señala que las quejas de medio ambiente entrañan una "significativa dificultad" para clasificar las investigaciones en materia de medio ambiente por la variedad de su objeto y porque normalmente se plantean asuntos que son competencia de más de un escalón administrativo territorial y con más de una o dos legislaciones simultáneamente aplicables.
Igualmente, añade que muchas de las quejas, incluso las individuales, expresan problemas colectivos que no solo afectan a quien formula la reclamación. De hecho, precisa que muchas proceden de plataformas ciudadanas, asociaciones de vecinos, entidades o agrupaciones ecologistas. La memoria destaca que estas quejas dan lugar a largas investigaciones que en muchos casos duran meses e incluso años.
En este contexto, la Institución admite que responder a las quejas no admitidas no es directo ni simple, ya que requiere explicar al ciudadano por qué no es posible investigar el caso e indicarle los pasos básicos que ha de seguir y añade que es "muy común" tener que solicitar datos adicionales a los ciudadanos que formulan sus quejas.
Aún más, reconoce que tiene que "insistir" a las administraciones públicas en que no deben interpretar "restrictivamente" sus competencias en material medioambiental, al ser casi siempre las competencias concurrentes entre la Administración local, la autonómica y la central. Precisamente, denuncia que los distintos órganos administrativos "se escudan habitualmente" en su falta de poder de decisión para concluir que no son competentes.
Por otro lado, la Institución recuerda que lleva "más de diez años" indicando a las administraciones públicas que, para tener derecho de acceso a la información ambiental, la ley no requiere ser interesado en el procedimiento administrativo, ni que los documentos formen parte de un procedimiento ni tampoco que este se encuentre terminado.
Respecto a la evaluación ambiental de proyectos, señala que prosigue revisando aquellas decisiones y evaluaciones que tienen que ver de forma directa o indirecta con los espacios de la Red Natura 2000. Concretamente, en 2012 se refiere a la investigación sobre la protección del Camino de Santiago y la actuación del Consejo Jacobeo y agrega que el impacto de infraestructuras como aeropuertos, carreteras y ferrocarriles son "de las cuestiones que más esfuerzo ocupan, visto el tiempo que tarda la Administración en ordenar los intereses públicos en juego".
En materia de Medio Ambiente, se refiere también a las licencias municipales relacionadas con actividades molestas, aspecto sobre el que hay más de 200 investigaciones en curso y resalta la "crónica falta de medios de los ayuntamientos, ante los casos de falta de responsabilidad individual del titular de la actividad".
DAÑOS A LAS ABEJAS POR PESTICIDAS
En el área de los recursos naturales y en protección y conservación de los espacios naturales, flora y fauna, destaca que han proseguido las actuaciones sobre las dificultades de la apicultura y la polinización por la utilización de pesticidas neurotóxicos; se han comprobado varias quejas sobre malos tratos a los animales, los montes vecinales y sobre la fractura hidráulica o fracking para extraer gas y denuncia que "sigue faltando" en la Ley 42/2007, un régimen "claro" para las especies invasoras.
En este ámbito, agrega que las vías pecuarias y los caminos públicos registran un aumento de quejas por interrupción del paso y que en materia de agua, el Informe de 2012 se refiere al Plan de Choque de Modernización de Regadíos, a las aguas residuales con depuración insuficientes y a la actuación de las Confederaciones hidrográficas y las Comunidades de Regantes.
Por otro lado, el informe revela un "especial interés de los ciudadanos" por la preservación de las costas y puertos y, particularmente por las playas. En este campo, la Institución ha finalizado una investigación de oficio sobre la recuperación de las playas con aportación de arena.
En materia de contaminación, el informe de 2012 destaca las investigaciones acerca de la prevención y gestión de residuos, y la contaminación atmosférica que acarrean las instalaciones de tratamiento.
Al mismo tiempo, apunta que se ha realizado una investigación de oficio ante la Oficina Española de Cambio Climático (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), sobre el Plan Nacional de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono.
Finalmente, se refiere a la contaminación acústica, que ha generado las quejas más numerosas en materia de medio ambiente, con más de 135 investigaciones en curso. En esta materia la Institución propuso una campaña nacional contra el ruido, aceptada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y por la Federación Española de Municipios y Provincias.
