Clos se compromete a "dar las garantías pertinentes" al sector
MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy el real decreto que amplía a 2012 la detracción a las eléctricas de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente, en una votación que contó con la abstención de PP, CiU y PNV. Los 'populares' pidieron la tramitación como proyecto de ley del texto, lo que da opción a modificarlo, extremo que se aprobó por amplia mayoría al ser aceptado también por el PSOE.
El presidente de la Cámara, Manuel Marín, destacó que el calendario de tramitación del texto será determinado en próximas semanas por la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, ya que este es el último pleno de la legislatura y se espera la disolución de las Cámaras para mediados de enero.
Durante su defensa del texto, el ministro de Industria, Joan Clos, aseguró que el decreto ley busca la "equidad" y no pone "en ningún caso" en riesgo las inversiones energéticas en nuestro país. En este sentido, reiteró que el mecanismo de detracción se hace proporcionado al efecto que el mecanismo produce en todo el sector, "tenga asignado o no derechos de emisión".
En un primer momento, el Gobierno concedió derechos gratuitos de emisión a las eléctricas para el periodo 2008-2012, pero ahora considera que esta medida no hace sino redundar en una subida de precios del 'pool'. Por este motivo, descontará estos derechos de la retribución anual de las eléctricas por su actividad regulada.
"DAR LAS GARANTÍAS PERTINENTES" AL SECTOR.
La rectificación de Industria, que obliga a efectos prácticos a que las compañías dejen de percibir en su retribución de 2006 unos 1.200 millones, así como unos 100 millones en la de 2007 y más de 1.400 millones en la de 2008, ha contado con el rechazo frontal de las compañías energéticas, encabezadas por la patronal Unesa.
En este sentido, Clos avanzó desde la tribuna que su departamento ya había alcanzado un compromiso con el sector para tratar esta medida como proyecto de ley "para dar las garantías pertinentes" a las empresas, aunque garantizó que el decreto ley convalidado se aplicaría "con todos los mecanismos que nuestro sistema comporta", mediante las órdenes ministeriales y un trámite de consulta a la Comisión Nacional de Energía (CNE), al Consejo Jurídico y a las compañías afectadas.
"CRÍTÍCAS UNÁNIMES" ENCABEZADAS POR EL PP
El diputado 'popular' Fernando Castelló destacó durante su intervención las "críticas unánimes" de los grupos parlamentarios contra la política energética seguida por el PSOE a lo largo de esta legislatura, que ha conducido a "riesgos en el suministro y clara incertidumbre sobre la competitividad".
Castelló acusó al Ministerio de seguir las órdenes de Rede Eléctrica Española (REE) y haber "desacreditado" a al Comisión Nacional de la Energía (CNE), "tensionando" al sector. No obstante, justificó su abstención en la votación porque, destacó, el "leit motiv" del PP a lo largo de esta legislatura ha sido "la defensa de los consumidores".
Por su parte, el portavoz económico de CiU, Josep Antoni Sánchez Llibre, criticó el procedimiento elegido por el Gobierno para impulsar esta medida, que calificó de "traicionera" al presentarse en el último pleno de la legislatura, al tiempo que acusó al Ejecutivo de "ningunear" al Parlamento por no tramitarla como proyecto de ley, a pesar del compromiso que Clos asegura haber alcanzado.
Desde la bancada del PNV, Joseba Beloki, aseguró que el real decreto trata de dar respuesta a un problema "creado por el propio Ministerio" y cuestionó las formas del Gobierno sobre una cuestión que hubiera requerido un debate en profundidad con todos los agentes, por lo que manifestó que no apoyará el texto.
"TEMOR" DE IU-ICV ANTE LA NEGOCIACIÓN CON LAS ELÉCTRICAS.
En su turno, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera señaló que su formación "vuelve a sacarle las castañas del fuego" al Gobierno con su apoyo al decreto, si bien expresó su "temor" por las negociaciones que puedan producirse sobre el proyecto de ley porque Industria "no tiene la sartén por el mango".
Desde ERC, Jordi Ramón también mostró su escepticismo sobre una hipotética tramitación como proyecto de ley de este asunto y destacó que la ley de reforma del sector eléctrico aprobada hace medio año hubiera sido un instrumento "más adecuado".
Por su parte, el diputado del BNG, Francisco Rodríguez, reclamó que se elabore un marco más transparente sobre un modelo que combate el efecto de los gases invernaderos para que no esté "basado en el mercadeo".
A juicio de la socialista Rosario Velasco, el decreto está "perfectamente justificada" por la repercusión directa sobre los ciudadanos de los 1.495 millones que serán detraídos en concepto de derechos de emisiones en 2008, y aprovechó para responder a las críticas del PP recomendándoles que reconozcan que ellos "dejaron muchos deberes por hacer".
