BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La exdiputada de ICV en el Congreso y exdirectora de Medio Natural de la Generalitat, Núria Buenaventura, ha declarado ante el titular del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona que las autorizaciones de caza con pegamento que autorizó en 2009 se ajustaron "completamente" a la legalidad.
Según ha explicado este martes Buenaventura a los periodistas después de prestar declaración, las autorizaciones de caza con pegamento de pájaros protegidos se dieron en el marco de una prueba experimental y tras recibir recomendaciones del Síndic de Greuges, que "habitualmente" las administraciones siguen.
Buenaventura --imputada por un delito de prevaricación al haber dado presuntamente 3.374 licencias para la caza de pájaros fringílidos con liga en 2009-- ha defendido que la motivación de la prueba experimental fue demostrar si el método con pegamento era selectivo o no, y ha recordado que la normativa es "clarísima".
La normativa dice que las pruebas experimentales se pueden practicar por razones de investigación y educativas, y las autorizaciones de caza durante este periodo se hicieron en base a un "trabajo de campo para investigar y, a la vez, educar a los propios cazadores que practican este tipo de captura".
Buenaventura ha añadido que las autorizaciones en 2009 fueron limitadas, sólo se ofrecieron a cazadores con experiencia y con autorización, y se acordaron los días y el número de las capturas permitidas, siempre bajo la inspección constante de los agentes rurales.
Según ha explicado, esta prueba fue "muy positiva" porque permitió llegar a unas conclusiones que confirmaban la prohibición de la caza de pájaros con liga, que se desautorizó en 2010 y 2011.
Su abogada, Mercè Claramont, ha dicho que espera que el juez archive la causa, pero que "ya se verá", pues el magistrado aún tiene que escuchar las versiones de otras personas, también citadas a declarar.
DE MADRID A BARCELONA
Buenaventura ha declarado finalmente en el juzgado de Barcelona, después de que en mayo de 2012 se suspendiera la declaración por falta de documentación de la Fiscalía, tras el traslado de la causa del Tribunal Supremo a los juzgados de Barcelona.
En septiembre de 2011, el Supremo asumió el proceso por la condición de Buenaventura de diputada, pero el caso volvió a los juzgados de Barcelona cuando dejó su escaño en el Congreso.
El juez la imputó tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente que consideró que las autorizaciones que había dado la exdiputada eran contrarias a la normativa europea, estatal y autonómica, lo que podía constituir un delito.
