Considera que disociar las revisiones a centrales nucleares, cada 10 años, y conceder una autorización para 17 años va contra la seguridad
MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona ha emitido este viernes un voto particular discrepante de la decisión del pleno del organismo regulador de este miércoles, que aprobó una Instrucción Técnica Complementaria por la que se pide información adicional a Nuclenor, titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), con el fin de proceder a analizar la solicitud de éste de operar la planta atómica por 17 años más.
A su juicio, esta decisión vulnera las "buenas prácticas asentadas" en el regulador atómico español que desde 1999 considera como habitual estudiar las solicitudes de renovación de licencia por diez años, coincidiendo con la Revisión Periódica de Seguridad que se debe hacer a toda central cada diez años y que va asociada a la solicitud de nuevo permiso.
En declaraciones a Europa Press, Narbona ha especificado que no es que discrepe de la información que se ha pedido a Nuclenor, que es "una lista muy completa" sino que se trata de una cuestión previa de debate, porque los técnicos deben saber con qué horizonte trabajan, si diez o diecisiete años. "Hay que saber qué va a evaluar el CSN de antemano, antes de iniciar el proceso", opina.
De este modo, cree que otros consejeros pueden argumentar que esto se puede decidir "más adelante" si se cambia la práctica, pero ha insistido en que puesto que esta es la primera comunicación al titular de Garoña, "queda ambigüa si no se responde claramente".
En su voto particular, expone que la asociación de las revisiones periódicas de seguridad y las autorizaciones de explotación fue resultado de "numerosas y prolongadas deliberaciones del pleno de ese año", tal y como reflejan las actas de 1999 cuando se concedió una autorización de explotación, "precisamente a Garoña".
SOLICITUD INÉDITA
Por eso, argumenta que la solicitud de Nuclenor, que quiere generar electricidad hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpla 60 años de explotación comercial, es "inédita" porque "nunca" un titular había presentado al CSN una renovación de una autorización de explotación más allá de diez años y porque "nunca" un titular había solicitado operar hasta los 60 años.
En su valoración, la ITC aprobada es la primera comunicación oficial a Nuclenor por parte del Consejo en relación con su solicitud y no va acompañada de ninguna argumentación ni técnica ni jurídica que justifique el escenario que anticipa la disociación entre la evaluación de 10 años y la concesión de autorización por 17 años.
"Ello significaría que Nuclenor podría disponer de una autorización para operar la planta hasta 2031 con un análisis de seguridad limitado a diez años", ha advertido.
Al mismo tiempo, entiende que el sector privado solicite "cosas", pero ha recordado que es el sector público el que establece las reglas y ha advertido que, en esta cuestión, se está observando a España, tanto desde dentro como desde el exterior y por eso "el organismo regulador tiene que estar a la altura del reto".
Por ello, critica que la mayoría del pleno, sin que haya mediado ningún "debate en profundidad" acepta tácitamente disociar la RPS, contraviniendo una buena práctica "bien consolidada" en España en materia de seguridad nuclear y radiológica. "Se trata de una decisión que disminuye potencialmente las exigencias reguladora a favor de la empresa que opera la planta", expone.
Además, aclara que "no aprueba la rapidez" con que se está tramitando este expediente de solicitud de renovación de Garoña, que está bajo orden ministerial de cese de explotación y recuerda que "no hay ningún plazo técnico o legal en el horizonte que obligue al CSN a tomar decisiones con celeridad, máxime habiendo permanecido la central por decisión unilateral de Nuclenor", parada desde diciembre de 2012.
Narbona advierte de que la práctica de vincular las revisiones a las autorizaciones "parece querer ser alterada por el pleno del CSN de forma tácita, sin que exista ningún argumento técnico que así lo recomiende" y añade el examen de la situación reguladora realizado por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en España reconoció que la autorización en España se otorga por periodos de 10 años.
Por eso, cree la ITC aprobada por el Pleno del CSN esta semana "supondría una ruptura con esta buena práctica reconocida por la OIEA en el caso de que el CSN informase favorablemente una renovación de Garoña hasta 2020".
"Esta consejera no puede aceptar, sin mayor debate, iniciar la evaluación de una solicitud de autorización de explotación por 17 años", señala el voto particular y considera que "no es ni prudente ni responsable" porque no introduce nuevas garantías ni existe ningún motivo técnicamente justificado en materia seguridad, para propiciar un cambio en el tiempo en este sentido.
A su juicio, el CSN no debería atender a un interés meramente económico de la empresa titular de Garoña ni, en consecuencia, aprueba que los intereses económicos de Nuclenor se antepongan respecto a las buenas prácticas bien consolidadas. De hecho, ha confesado que cree Nuclenor aspira a que la autorización se conceda antes de concluir esta legislatura para tener a qué agarrarse en caso de que antes de 2031 --si se le concede-- se decrete su cierre, pueda reclamar daños o compensación por lucro cesante.
En este sentido, argumenta también que, al aceptar tácitamente el inicio del expediente de la solicitud, el pleno del CSN está propiciando de hecho la modificación de las condiciones de revisión, evaluación e inspección aplicadas por el regulador desde 1999 y advierte de que esto puede "genera incertidumbres" tanto en esta como en próximas solicitudes de renovación de otros reactores nucleares.
INSTRUMENTACIÓN DEL ESTADO
En el voto particular, la exministra de Medio Ambiente estima que esta forma de proceder del pleno no beneficia a la neutralidad, a la independencia y a la credibilidad del organismo regulador y, en ningún caso "dejarse instrumentalizar por el Gobierno para alcanzar un objetivo político" como es llevar la vida útil de los reactores hasta los 60 años, a consecuencia de la negociación del Ejecutivo con las empresas del sector eléctrico.
Sobre las posibles presiones a los consejeros del CSN por parte del Gobierno u otros, ha defendido que ella no recibe "ninguna presión" porque los consejeros tienen un deber de independencia del Ejecutivo y cualquier otra instancia. En aras de garantizar esta independencia cree que esta cuestión se debe aclarar desde el principio. "Es previo explicar el horizonte sobre el que trabajamos", ha sentenciado.
Ante esta exposición de motivos, Narbona emite una serie de propuestas sobre cómo debería actuarse en esta cuestión que se basan en que "no hay inconveniente jurídico" para que Garoña pida una renovación de su autorización por diez años y que el CSN evalúe su idoneidad de acuerdo a las buenas prácticas.
Así, recuerda que el reactor burgalés no ha realizado aún las mejoras requeridas ni aplicado las instrucciones técnicas complementarias tras el accidente de Fukushima y propone que su extensión de vida se realice de acuerdo a los procesos de consulta pública establecidos por el Convenio de Espoo como la Convención de Aarhaus, ratificados por España.
Finalmente, reclama al Pleno del Consejo que examine la renovación de la autorización de explotación de Garoña de acuerdo con la última Directiva de Euratom, aprobada en el Consejo de la Unión Europea del 8 de julio de 2014, que considera que es "de suma importancia que la autoridad reguladora competente tenga la capacidad de ejercer sus competencias con imparcialidad, transparencia y libre de cualquier influencia indebida en la toma de decisiones para asegurar un alto nivel de seguridad.
