Publicado 08/06/2015 17:13

La importación de soja transgénica "ahorra" 55.000 millones a los productores españoles, según Fundación Antama


MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La importación de soja modificada genéticamente (MG) por parte de España ante la alternativa de haber importado solamente soja convencional durante el período 2000-2014 ha supuesto un ahorro para los productores de al menos 55.000 millones de euros.

Así se desprende del informe 'Soja modificada genéticamente: una materia prima insustituible en la Unión Europea. Evaluación de alternativas e impacto económico para la industria de piensos y para el sector ganadero en España' elaborado por el Doctor Francisco J. Areal (Universidad de Reading, Reino Unido) para la Fundación Antama y que se ha presentado este lunes en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

El documento señala que la soja es una materia prima clave para producir piensos, dado su alto contenido proteico y su competitividad en el precio de la proteína, por lo que el sector de los organismos genéticamente modificados estima que sustituir las importaciones de soja transgénica por convencional aumentaría los precios de las habas de soja y haria de soja en 291% y 301%, respectivamente.

Esto derivaría, además, un aumento del coste de los ingredientes de producción de pienso para vacuno, cerdo y aves del 49%, 54% y 85%, respectivamente. En definitiva, estima que la subida del precio de la soja elevaría el coste de producción de huevos, carne de ave, carne de cerdo y carne de vacuno de un 7,1%, 8,0%,8,1% y 4,6%, respectivamente.

El trabajo evalúa una serie de alternativas y se mide el impacto que dichas alternativas tendrán sobre el precio de la soja y sobre la industria de piensos y varias industrias ganaderas en España. En el estudio se describe el comercio internacional de soja, enfocándose en las importaciones de soja por parte de Europa y España.

La inviabilidad de abastecer de materia prima a la industria de producción de piensos sin esta soja modificada provocaría un "riesgo" de un posible desmantelamiento de esta industria en la Unión Europea. En particular esto afectaría a una industria con 28.762 empresas españolas, la cuales facturaron 88.673 millones de euros y emplearon a 439.760 trabajadores en 2013, según advierte el documento.

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