Actualizado 29/07/2010 19:03

El Juzgado ordena desmantelar las obras de una urbanización en el pinar de Villanueva de Gómez (Ávila)


ÁVILA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha ordenado el desmantelamiento de las obras de sistemas generales ejecutadas en el pinar de Villanueva de Gómez, en el que se pretendía construir una urbanización con cerca de 8.000 viviendas, un hotel y tres campos de golf, y obliga a devolver la zona, donde se podrían haber talado alrededor de 30.000 pinos, según los ecologistas, a su estado natural.

La sentencia considera nulas las licencias otorgadas para acometer las obras y se estima que el Ayuntamiento "no contó con ningún informe técnico, jurídico o de otro tipo antes de la autorización del Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras" y "no se aprobó con anterioridad ningún instrumento de desarrollo o gestión urbanística".

Se señala, además, que "los planes parciales en suelo delimitado y los planes especiales deberán ser aprobados definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo".

Por lo que se refiere a los sistemas generales -ya se han construido aceras y rotondas y se han abierto grandes avenidas en el pinar-, la sentencia destaca que afecta a suelo rústico de protección natural y que, en consecuencia, debería haber sido objeto de Evaluación del Impacto Ambiental el Plan Especial de Infraestructuras.

Es por ello que concluye que la resolución del alcalde, José Martín Llorente, que autorizó, en el año 2006, la ejecución del Proyecto de Sistemas Generales y otorgó la licencia de obras, "debe considerarse nula de pleno derecho".

En cuanto a la modificación de las Normas Urbanísticas llevada a cabo en 2001, se indica que fue una auténtica revisión de las mismas y que, como tal, debió someterse al trámite de evaluación ambiental y por ello se plantea ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la posible "ilegalidad" de la modificación de las normas aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo en marzo de 2001.

El juzgado da, de esta forma, la razón a las asociaciones ecologistas que se han posicionado en contra del proyecto.

En este sentido, Juan Carlos Atienza, coordinador del Área de Conservación de SEO/BirdLife, declaró hoy que "el sentido común se ha impuesto y se ha detenido otra barbaridad urbanística más".

"No es posible que el desarrollo de un pueblo de 150 habitantes pase por la construcción de 7.500 chalés en un bosque de altísimo valor natural", manifestó.