MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Algunos militares y policías de la República Democrática del Congo (RDC) siguen extrayendo minerales de forma ilegal del territorio de Walikale, en la provincia del Kivu Norte (en el noreste), a pesar de la suspensión de las actividades mineras decretada por el Gobierno de Kinshasa el pasado mes de septiembre.
La fiscalía militar local, citada por la agencia misionera de noticias MISNA, ha anunciado que está investigando estos hechos y que la semana pasada hizo detener a seis personas que estaban en posesión de una importante cantidad de minerales.
"Algunos militares utilizan a los civiles en las minerías para las extracciones", declaró el jefe de la fiscalía militar de la zona de Walikale. La semana pasada, las organizaciones locales de la sociedad civil presentaron varias acusaciones similares.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno decidió suspender temporalmente las actividades extractivas en las minas tradicionales (o 'clandestinas') de las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Maniema a fin de poner orden en la gestión del sector minero, cuyos productos han contribuido a enriquecer a los distintos grupos armados, a los militares, a los socios extranjeros y a los intermediarios corruptos, y no han beneficiado a la propia población congoleña.
En las zonas orientales del país, la endémica inseguridad y la enorme pobreza contrastan con su inmensa riqueza en minerales preciosos (casiterita o coltán, entre otros), que las empresas industriales de los países más ricos adquieren a muy buenos precios gracias a la falta de control, a las numerosas irregularidades y al tráfico ilegal.
ASESINATO DE CHEBEYA
Por otra parte, las autoridades congoleñas han transferido a la justicia militar el caso del asesinato del activista de Derechos Humanos Floribert Chebeya, director de la organización Voces sin Voz (VSV), quien apareció muerto el pasado 3 de junio en Kinshasa. El compañero que se encontraba con él, Fidele Bazana Edadi, se encuentra desaparecido desde entonces.
VSV ha expresado su preocupación por esta transferencia, por considerar que los tribunales militares no podrán procesar al principal sospechoso, el general John Numbi Banza Tambo, y sólo podrá juzgar a los oficiales de un grado inferior o, como mucho, igual al de coronel.
Por tanto, advirtió, únicamente el coronel Daniel Mukalay y otros pocos militares que ya se encuentran detenidos serán debidamente procesados. A juicio de VSV, el caso de Chebeya se ha convertido en una "parodia de justicia".
