GUADALAJARA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Partido Antitaurino PACMA ha presentado alegaciones contra la ordenanza del Ayuntamiento de Almoguera (Guadalajara) que pretende prohibir la toma de imágenes y vídeos de los encierros por el campo, reclamando que sea declarada nula, al considerar esta resolución "arbitraria y visiblemente injusta".
Según ha explicado la organización, en nota de prensa, el pasado día 18 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara la ordenanza aprobada por el pleno del Ayuntamiento del municipio de Almoguera, mediante el cual se pretende regular el cobro de las fotografías y grabaciones que se lleven a cabo durante los encierros por el campo.
El texto recoge que sólo podrán grabar o tomar fotografías aquellas personas que tengan una Orden Judicial o estén autorizadas por el Ayuntamiento, "previo pago de los establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente, por importe de 200.000 euros".
Las alegaciones presentadas por el PACMA, se basan en el artículo 20.1.d de la Constitución Española reconoce y protege el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
Destaca también el PACMA en sus alegaciones que la ley sobre el derecho a la propia imagen especifica que no se impedirá "la información gráfica sobre un suceso publico cuando la imagen de una persona sea meramente accesoria". Además, las alegaciones exponen que parece "desorbitado" el pago de 200.000 euros para la grabación de un suceso público.
A juicio de PACMA, "tras el revuelo mediático de estos dos últimos años en que PACMA ha hecho públicas las imágenes de los encierros por el campo de Galápagos, como muestra de las irregularidades y el maltrato al que se somete al animal, el Ayuntamiento de Almoguera trata de ocultar con esta ordenanza lo que sucede en los encierros, de manera arbitraria y visiblemente injusta".
La publicación de la Ordenanza se produjo el 18 de agosto, de tal forma que el Ayuntamiento la aplicará a los festejos de los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre, "impidiendo que tome una resolución teniendo en cuenta las alegaciones antes de la celebración de los festejos", lo que significa que "el alcalde ha paralizado la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, lo cual podría suponer un delito de prevaricación".
