MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
WWF/Adena y SEO/BirdLife pidieron hoy que la Unión Europea no financie la modernización de regadíos "en las condiciones actuales", porque "no se puede demostrar que ahorren agua", después de que el Gobierno reconociera recientemente en respuesta a una pregunta parlamentaria que no ha revisado en los últimos diez años las concesiones de agua en las cuencas del Norte, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura.
Las organizaciones ecologistas reclamaron que estas modernizaciones sólo se financien en caso de que "se revisen a la baja para devolver el agua ahorrada a los ecosistemas y el abastecimiento".
El Plan de Choque de Regadíos cuenta con un presupuesto de 2.400 millones de euros para los años 2006-2008 y la modernización de regadíos absorberá el 81 por ciento de los 6.500 millones de euros con los que cuenta el Ministerio de Medio Ambiente para la lucha contra la desertificación entre 2007-2010, señalaron Adena y BirdLife, que denunciaron que la modernización de regadíos incluyen "ampliaciones encubiertas, regadíos ilegales y campos de golf".
Según señalaron "el Defensor del Pueblo ha apoyado a las organizaciones ambientales" ante la "falta de información y la ausencia de indicadores" que permitan verificar el ahorro de agua. Para los ecologistas, "los ríos, acuíferos y humedales, (entre ellos los Parques Nacionales de Las Tablas de Daimiel y Doñana) siguen sufriendo de sobre explotación".
El Gobierno había afirmado que, en el período 2000-2006, el Plan Nacional de Regadíos supuso "actuaciones en 1.601.522 hectáreas, con una inversión de 2.467 millones de euros y un ahorro de agua de 2.882 hm3/año". Adena y BirdLife afirman que "al no haberse producido revisión de las concesiones, no se puede demostrar dicho ahorro".
El pasado 10 de marzo de 2006, el Gobierno aprobó el Real Decreto 287/2006 de 'Plan de Choque de Modernización de Regadíos', que recoge obras de modernización de regadíos en 866.898 hectáreas, cuenta con una financiación pública de 1.800 millones de euros y prevé ahorrar 1.162 hm3 de agua anuales. Los ecologistas denuncian que "el Real Decreto se aprobó sin consulta previa al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ni al Consejo Nacional del Agua".
