MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cerca de 3.000 empresas en España carecen de la autorización ambiental integrada imprescindible para que mañana puedan seguir realizando sus actividades dentro de la Unión Europea (UE), ya que este martes 30 de octubre finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que 5.000 industrias españolas obtuvieran e implantasen esta autorización. Las empresas infractoras podrían ser multadas por las regiones con el pago de hasta dos millones de euros.
"A pesar de los 11 años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, con seguridad el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la UE, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso y en consecuencia, a partir de mañana deberán cesar su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso", denunció hoy en un comunicado la organización ecologista.
Según Ecologistas, la estricta aplicación de la norma supondría la pérdida automática de un millón de empleos directos y el 10 por ciento del Producto Interior Bruto. "El deslizamiento de esta fracción productiva a la 'economía informal' conllevaría un coste para las empresas de entre 600 y 6.000 millones de euros sólo en multas que paradójicamente, deben imponer las propias comunidades autónomas que han sido incapaces de hacer cumplir la norma", apuntaron.
Recuerdan que la intención de la directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos. Asimismo, con esta regulación se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada estado miembro.
A juicio de esta organización, la explicación de esta "lamentable situación" tiene tres claves: los 6 años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española; la "penuria" de medios aportados por las comunidades autónomas para aplicar la norma, "con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses", y el "desconocimiento y desidia" de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación a la nueva regulación.
Dicen que todavía hoy "es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma" pero que gracias a comunidades como Cataluña, que se adelanto 3 años al resto de España en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado "podría acercarse al 40 por ciento de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20 por ciento y Cantabria en un alarmante 5 por ciento".
En contraste, señalan, países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido "llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal". "Previsiblemente, el esfuerzo realizado por la industria y los Estados centroeuropeos va a pasar factura a nuestro país, a través de sanciones económicas o pérdida de competitividad", advirtieron.
"Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual (...) Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno", concluyeron.
