Actualizado 09/12/2009 17:24

El 70% de los españoles piensa que la corrupción está extendida en la clase política, según el Eurobarómetro


BRUSELAS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 88% de los españoles considera que la corrupción es un problema "serio" en España y para el 70% de los ciudadanos el soborno y el uso del poder para obtener beneficios privados está extendido en la clase política nacional, según un Eurobarómetro publicado hoy por la Comisión Europea sobre la actitud de los europeos respecto a la corrupción.

El estudio revela, asimismo, que el 91% de los españoles encuestados estima que la corrupción está instalada en las instituciones nacionales, un 13% más que en 2007, fecha del último sondeo de Bruselas sobre el mismo asunto. Los porcentajes son similares cuando se pregunta a los españoles si creen que hay corrupción en las instituciones regionales (un 90% piensa que sí) y en las locales (89%).

Por lo que se refiere a la percepción del nivel de corrupción por sectores de actividad, el Eurobarómetro indica que los españoles apuntan en primer lugar a los políticos de ámbito estatal (70%), seguidos de los locales (67%) y de la clase política regional (66%).

Más de la mitad, un 58%, dice también que las corruptelas afectan a las autoridades encargadas de conceder permisos de construcción. En todos estos casos, el estudio muestra que la percepción del problema ha aumentado notablemente en los dos últimos años.

La corrupción es inevitable para el 63% de los españoles y el mismo porcentaje admite que no se llevan a cabo las actuaciones judiciales suficientes para luchar contra ella. Un 82% considera, además, que las penas son demasiado leves y el 76% que el Gobierno no es eficaz a la hora de combatirla.

Cuando se pregunta por las razones que llevan a la existencia de la corrupción, el 41% de los españoles responde que por la falta de un verdadero castigo penal para este tipo de actos y el 39% que debido a la falta de transparencia en el gasto del dinero público. Siete de cada diez españoles atribuye la responsabilidad de prevenir y atajar la corrupción al Gobierno central y seis de cada diez a los órganos judiciales.