ALICANTE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La defensa de la mujer de Benejúzar (Alicante) condenada por quemar al violador de su hija ha solicitado a la Audiencia Provincial que paralice su ingreso en prisión, fijado para el próximo 27 de junio, después de que el Ministerio de Justicia haya iniciado la tramitación de una nueva petición de indulto planteada por 21 colectivos sociales.
Así lo ha explicado a Europa Press el abogado de la afectada, Joaquín Galant, quien ha estimado que la Audiencia alicantina podría efectuar su respuesta el próximo día 26, una jornada antes de la fecha establecida para que la vecina de la localidad alicantina entre en la cárcel.
Esta nueva petición de indulto fue registrada el pasado 11 de junio en la Subdelegación del Gobierno de Alicante por un total de 21 entidades de carácter social. Previamente, el Gobierno denegó en abril la concesión de esta medida de gracia, lo que obliga a la condenada a ingresar en prisión, en cumplimiento de una pena de cinco años y medio.
Igualmente, Galant ha apuntado que este pasado jueves presentó un escrito ante la Subdelegación alicantina en el que la defensa se adhería a las más de 1.500 firmas recogidas por este conjunto de entidades a través de una página web. El abogado ha resaltado que su representada "está preocupada por la incertidumbre" de su caso, si bien él se ha mostrado "optimista" ante esta nueva medida.
La petición que tramita el Ejecutivo estima "inconstitucional" la denegación en resolución del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2013 de la petición de indulto solicitada por la hija y el marido de la condenada, a pesar de constar informes favorables al mismo por parte del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Provincial de Alicante.
"JUSTICIA HUMANITARIA"
En el escrito, los solicitantes reclaman la medida de gracia en base a "una justicia humanitaria", dado que la condenada sufre desde la violación de su hija, que en 1998 tenía 13 años, un trastorno adaptativo mixto con síntomas ansioso-depresivos que consideran que, "sin duda, serán agravados si vuelve a ingresar en prisión, en la que ya estuvo un año como consecuencia de los hechos por los que ha sido condenada".
"Teniendo en cuenta que las penas privativas de libertad, tal y como preceptúa el artículo 25.2 de nuestra Constitución, han de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social, en este caso, su cumplimiento sólo se podría entender como un castigo meramente ejemplarizante, lejos de su sentido constitucional", concluye el documento.
Las agrupaciones, entidades, asociaciones firmantes son, entre otras: la Plataforma Feminista de Alicante; Aula de Debate Feminista de Alicante; Custodia en Positivo; Plataforma de Iniciativas Ciudadanas; Diversitat de les Comarques de Alacant; Itaca; Agrupación de Abogadas del Colegio Profesional de Abogad@s de Alicante; Asociación Vecinal Franciscanos-Oliveretes, U.I. L'Alacantí-Les Marines de CCOO; U.I. Vinalopó-Vega Baja de CCOO; UGT L'Alacantí; Intersindical Valenciana; Compromís; Esquerra Unida; PSOE; Área de Dona Jove del Consell de la Joventut d'Alacant y Dones Violetes.
