MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Jordi Palou, abogado de los nueve españoles supuestamente asesinados por las milicias tutsis del actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha calificado de "maquillaje" la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de cancelar su encuentro con el mandatario ruandés.
En declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press, Palou afirmó que la estancia de Kagame en España es "inaceptable y muy sorprendente", sobre todo porque el presidente ruandés "está acusado por una parte del Estado español, puesto que la Audiencia Nacional forma parte del Estado español".
Palou lamentó que Presidencia del Gobierno esperara a "última hora de la tarde de ayer" para cancelar la entrevista entre Zapatero y Kagame, una decisión que, a su juicio, es un mero acto de "maquillaje". "No se van a hacer la foto juntos y no se van a reunir en un edificio oficial", admitió.
No obstante, advirtió, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, "se va a reunir con él, y seguramente van a negociar y van hablar, lógicamente, del proceso judicial en el que él está acusado".
"Por tanto, no ha habido ninguna marcha atrás" por parte del Gobierno, lamentó. "El presidente Zapatero no ha declinado la invitación, a estas alturas, de copresidir esa iniciativa, que se va a celebrar en septiembre" con la presencia de Kagame, agregó.
La presencia de Kagame en Madrid responde a la decisión de Ban Ki Moon de nombrarle a él y a Zapatero copresidentes de un grupo para impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las metas que la comunidad internacional se fijó en el año 2000 para reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre en el horizonte de 2015.
En 2008, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu consideró que había "indicios" de la implicación de Kagame en la matanza de más de cuatro millones de ruandeses en la década de los 90, incluidos nueve misioneros y cooperantes españoles, tanto cuando dirigía el Frente Patriótico Ruandés (FPR) como después de acceder a la Presidencia del país.
El magistrado no pudo procesarle porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución. Sí dictó en cambio órdenes de detención internacionales para 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.
