MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de familia y provida han coincidido este viernes al tachar de "farsa" los dos reales decretos aprobados por el Gobierno para el desarrollo parcial de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y en afirmar que "expondrán a los médicos".
Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, para quien trasladar al facultativo "el dictaminar, que es un juicio jurídico, si hay o no una situación de conflicto" en la familia de la menor que ha solicitado abortar sin que sus padres o tutores lo sepan, es "exponerle a acabar en los tribunales" porque "los médicos no están para tomar decisiones jurídicas".
El médico --que informará por escrito de si las alegaciones de la menor están fundadas--, "está haciendo un juicio de si concurre una interpretación de la ley y él no es quién para eso, porque haga lo que haga, será después el responsable ante los tribunales" y "si además, es de una clínica privada, concurre una incompatibilidad que hace que su opinión no sea válida", explicó Blanco.
En cuanto a la previsión del Gobierno de que la sanidad pública asuma las interrupciones del embarazo y las derive "excepcionalmente" a clínicas acreditadas, Blanco considera que "no hay quien se crea esto, porque el negocio está montado para que sean las clínicas quienes lo hagan y porque se estaría violando la objeción de conciencia". "Si quieren obligar a los médicos de la pública a hacerlo, violan su libertad de conciecia y si no, todo va a las clínicas privadas, que es lo que viene pasando", añadió.
En este sentido, el presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder, interpreta que el Gobierno "oficializa que se deriven los casos a las clínicas privadas y que el coste de los abortos lo asumamos todos los españoles", ya que, según el Real Decreto aprobado, cuando un centro sanitario público no pueda responder "a tiempo" a una solicitud de aborto, lo derivará "asumiendo los costes" de la intervención.
En cuanto al aborto en menores de edad, el responsable del IPF asegura que se trata de "la constatación de que el Gobierno está eliminando la patria potestad, usurpando a los padres un derecho recogido constitucionalmente" y, respecto al consentimiento informado, afirma que se trata de "un engaño" porque las clínicas privadas "son un negocio y nadie que tenga un negocio querría darle a su cliente otras alternativas".
Para la portavoz de Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, este apartado significa que "el Gobierno se ha plegado a los empresarios y ha abierto nuevos coladeros legales al aborto libre" y tacha de "treta legal" la obligación de las menores de acreditar ante el médico que han informado de su intención a sus padres o tutores.
Joya afirma además, que estos decretos reafirman el "tufo inmovilista y anticuado" que a su juicio desprende la ley porque "redunda en los errores del pasado y agrava, por cabezonería, las situaciones derivadas de un embarazo inesperado", de forma que en vez de "aportar mecanismos novedosos para acabar con el drama doloroso y sangriento del aborto, la nueva ley, en especial con los programas educativos previstos, se queda anticuada".
