MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las autoridades camboyanas que liberen al periodista Mam Sonando, condenado el pasado 1 de octubre a 20 años de prisión por delitos contra el Estado y por instigar la "insurrección".
"La sentencia de 20 años de cárcel contra Sonando, de 71 años, es inexplicable, sin fundamento y sin pruebas que demuestren que inició un levantamiento violento contra el Gobierno", ha declarado el investigador internacional de AI para Camboya, Rupert Abbott, quien asistió al juicio original y estuvo presente durante el veredicto.
"Más bien, ha sido encarcelado simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, por lo que debe ser liberado inmediata e incondicionalmente", ha añadido Abbott un día antes de que Sonando presente una apelación en Phnom Penh, la capital de Camboya.
Sonando es, además de un destacado periodista y propietario de la emisora de radio independiente Beehive, el presidente de la ONG Asociación de Demócratas que promueve la democracia y los Derechos Humanos.
De acuerdo con el comunicado de AI, el procesamiento de Sonando "parece derivarse" de un discurso pronunciado el 26 de junio de 2012 por el primer ministro de Camboya, Hun Sen, en el que acusó al periodista y a varios miembros de Asociación de Demócratas de estar detrás de una conspiración para conseguir que el pueblo Pro Ma, en la provincia de Kratie (este), se separase de Camboya.
El discurso de Hun se produjo poco tiempo después de que la emisora Beehive emitiese un informe sobre una denuncia presentada en junio de 2012 ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), en la que se acusaba al Gobierno de Camboya de cometer crímenes contra la Humanidad, según Amnistía.
"El caso de Sonando es un indicio de la tendencia sumamente preocupante: los tribunales camboyanos se utilizan para silenciar a los defensores de los Derechos Humanos", ha subrayado Abbott.
Desde principios de 2012, las autoridades han utilizado cada vez más el acoso, falsas acciones legales y la violencia contra los defensores de los Derechos Humanos y otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión.
