Bravo destaca que con la puesta en marcha de la renta básica y otros proyectos, la región cumplirá el "100%" de los servicios sociales que el ministerio recomienda
MÉRIDA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Cristina Herrera, informa de que la región recibió, entre 2007 y 2011, las prestaciones de dependencia correspondientes a 502 personas que habían fallecido debido a que no se "actualizaron" las bases de datos.
Este número resulta de las 357 personas anunciadas esta semana por el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Carrón, a la salida de la reunión del Consejo Territorial, más 145 que han surgido "cruzando datos posteriormente".
En rueda de prensa, Cristina Herrera también ha aclarado que a las familias "se les cortó la prestación" una vez conocido el fallecimiento de cada una de estas personas dependientes, y si "en algún momento se había realizado el pago dos o tres meses posterior se le requirió para devolución", ha apuntado.
Pero no fue así para el Gobierno de Extremadura, que, como ha indicado, "ya" devolvió "a lo largo de 2012" 1,3 millones de euros en este concepto, y ahora "tiene que devolverse" el importe correspondiente a las 145 personas, una cifra esta última que alcanza 474.663 euros.
De esta forma, Cristina Herrera se ha felicitado por la apuesta del Gobierno nacional de "reforzar la transparencia" en el sistema de dependencia con el fin de evitar situaciones como éstas y que acaba de poner de manifiesto un informe del Tribunal de Cuentas, que ha desvelado que casi 30.000 personas fallecidas seguían figurando como beneficiarios de las prestaciones de la dependencia entre el año 2007 y 2011.
GESTIÓN "INEFICIENTE"
La directora gerente del Sepad ha explicado que, al no actualizarse los datos, el Imserso siguió abonando las prestaciones de estas personas ya fallecidas a los gobiernos regionales. "Y hoy, los que gobernamos tenemos que pagar las consecuencias de esta gestión, llamémosla de alguna forma, ineficiente", ha apuntado.
Herrera ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, en la que ambos han informado de la repercusión que tendrán en la región los acuerdos adoptados esta semana por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
En dicha reunión, el Gobierno de España ha apostado por "reforzar la transparencia" en el sistema de dependencia con el fin de evitar situaciones como las que ha puesto de manifiesto dicho informe del Tribunal de Cuentas, ha expuesto Herrera.
En su opinión, el hecho que desvela el informe demuestra la "opacidad, en su momento", de la aplicación de la Ley de la Dependencia, un hecho que intentará enmendar esta apuesta del Ejecutivo presidida por Mariano Rajoy, ha resaltado.
Las comunidades autónomas a partir de ahora tienen un plazo de seis meses para actualizar sus bases de datos del sistema de la dependencia para garantizar así el "correcto uso de cada euro invertido".
NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN
Otro de los puntos de la reunión, fue el nuevo sistema que se aplicará para calcular el nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia, en base al cual se determinará la aportación del Estado a las comunidades.
Extremadura parte de una posición de ventaja, según Herrera, dado que se "discriminará positivamente" a las regiones que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios en lugar de prestaciones económicas.
La comunidad es la tercera región con un mejor equilibrio entre servicios y prestaciones, ya que ambos conceptos están prácticamente equiparados al 50 por ciento. En este sentido, Cristina Herrera cree que este nuevo sistema será una forma de "aumentar el empleo" en torno a la dependencia.
CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES
Otra de las cuestiones abordadas en el Consejo fue el Catálogo de Servicios y Prestaciones, un aspecto sobre el que Extremadura ya ha adaptado el suyo a lo establecido por el Gobierno central.
En él se hace una apuesta por los servicios profesionales, se regula un seguimiento de las prestaciones concedidas a los cuidadores familiares, se amplía el espectro de beneficiarios y se realiza un "esfuerzo adicional" para ofrecer servicios más allá del mínimo fijado en la normativa estatal.
Por otro lado, Cristina Herrera ha mostrado su gratitud al Ministerio por la "sensibilidad" mostrada hacia dos propuestas que la región llevó al Consejo Territorial y que fueron aceptadas. En concreto, acciones de voluntariado social para mayores y campañas de prevención de accidentes domésticos.
ÁMBITO DE SERVICIOS SOCIALES
Por lo que respecta al ámbito de los servicios sociales, el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, ha dado a conocer los acuerdos alcanzados en esta materia, entre los que ha destacado el Plan Concertado.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad repartirá 27,5 millones de euros entre las comunidades autónomas, de los que 954.190 euros corresponden a Extremadura frente a los 1,6 millones recibidos en 2012.
El casi millón de euros que recibirá la región del Estado se destinará, junto con la aportación regional, a financiar los 76 servicios sociales de base con que cuenta Extremadura y que son gestionados por mancomunidades, ayuntamientos y agrupaciones de municipios.
A pesar de este descenso, Bravo ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" tanto a los usuarios como a los 233 profesionales que trabajan en los servicios sociales de base.
"El Gobierno de Extremadura, en un claro compromiso de apuesta por los servicios sociales de base asume con fondos propios el descenso de la aportación estatal para garantizar la continuidad de los mismos", ha indicado.
Al mismo tiempo, Juan Bravo ha recalcado que este compromiso "no es solo de palabra, sino también presupuestario", toda vez que la aportación de la comunidad para el mantenimiento de los servicios sociales de base crece en más de 680.000 euros con respecto a 2012.
CATÁLOGO DE REFERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
Otro de los acuerdos es la configuración de una catálogo de referencia de los servicios sociales, se trata de una "recomendación" a las comunidades que viene a constituir el mapa de los servicios que han de dispensarse en cada una de las regiones.
Con dicho catálogo, el Gobierno de España busca "una homogeneidad y un equilibrio entre territorios, garantiza la calidad y sostenibilidad de los servicios sociales con independencia del lugar de residencia", ha resaltado.
Según ha afirmado el director general, este catálogo servirá de "guía" a la comunidad para el desarrollo de le nueva Ley de Servicios Sociales de Base de Extremadura en la que "ya trabaja" el Ejecutivo regional.
En base al catálogo, Juan Bravo ha resaltado que la región tiene los "deberes hechos" en este sentido, ya que en la actualidad presta casi el 90% de los servicios incluidos.
"Con la puesta en marcha de la renta básica y de nuevos proyectos de mediación familiar, cumpliremos el 100% de los servicios sociales que el ministerio recomienda a las comunidades autónomas", ha aseverado.
Por último, Juan Bravo ha resaltado el acuerdo de creación de un grupo de trabajo para la puesta en marcha de un Plan Nacional para la Inclusión Social.
Finalmente, ha recalcado el peso que en los presupuestos regionales tiene la política social, así un estudio del Ministerio de Hacienda, y a falta de los resultados de cuatro comunidades, sitúa a Extremadura como la "única" región que aumenta en 2013 su presupuesto en este concepto, en concreto un "6,3 por ciento".
