Representantes de ONG supervisarán los vuelos de repatriación conjuntos coordinados por la Agencia
BRUSELAS, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea presentó hoy una propuesta legislativa para reforzar el papel de la Agencia de Control de Fronteras (FRONTEX) en la lucha contra la inmigración ilegal: La nueva norma obligará a los Estados miembros a ceder más aviones, barcos y personal a FRONTEX para sus patrullas marinas y permitirá a la Agencia incluso comprar o alquilar el material que necesite.
La cooperación entre países de la UE en la gestión de la inmigración a través de FRONTEX ha sido hasta ahora "limitada" debido a su falta de recursos, ya que la Agencia no tiene medios propios sino que son los países los que deben proporcionárselos, y a la insuficiente coordinación entre las autoridades nacionales, según el análisis realizado por el Ejecutivo comunitario.
De hecho, en 2008, los Gobiernos de la UE se comprometieron a suministrar a FRONTEX 18 aviones, 20 helicópteros y 91 barcos. Sin embargo, en las operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia sólo se pudieron utilizar ocho aviones, cinco helicópteros y doce barcos, ya que los Estados miembros que no participaron directamente en las patrullas tampoco cedieron el material que habían prometido.
FRONTEX estima que para los próximos años necesitará 14 aviones, 18 helicópteros y 92 barcos. Por ello, la Comisión propone que, con un año de antelación, la Agencia comunique a los Gobiernos sus necesidades y que cada país anuncie su contribución. A partir de ese momento, los Estados estarán obligados a enviar los medios técnicos y humanos que hayan prometido, según explicó la nueva comisaria de Interior, Cecilia Malmström.
Además, la norma permite que FRONTEX pueda progresivamente alquilar sus propios equipos basándose en un análisis de las necesidades y de los costes. "Es una manera de que sea más independiente de las contribuciones de los Estados miembros", aseguró Malmström. En todo caso, explicó que no está previsto aumentar el presupuesto de la Agencia, que en 2009 ascendió a 88 millones de euros. La plantilla de Frontex, que se creó en 2005 y se encuentra en Varsovia, es de 220 personas.
La responsable de Interior se mostró convencida de que, pese a sus reticencias anteriores, los Gobiernos de los 27 respaldarán ahora sus propuestas. "Es una propuesta realista porque los Estados miembros han dicho por unanimidad que hay que reforzar la operatividad de FRONTEX porque es un asunto de solidaridad", subrayó.
En todo caso, insistió en que la responsabilidad primaria de controlar las fronteras exteriores seguirá estando en manos de los Estados miembros y resaltó que no pretende con sus propuestas convertir a FRONTEX en el embrión de una guardia fronteriza de la UE sino que su papel seguirá siendo fundamentalmente de coordinación.
DERECHOS HUMANOS
Con la nueva norma, FRONTEX podrá codirigir las operaciones de las patrullas fronterizas con los Estados miembros de la UE. También se le permitirá prestar asistencia técnica a terceros países y desplegar funcionarios de enlace en terceros países.
Se exigirá a todos los guardias fronterizos de los Estados miembros que participen en este tipo de operaciones que hayan sido formados en materia de derechos fundamentales. El objetivo es garantizar que todos los inmigrantes son tratados cumpliendo plenamente con los derechos fundamentales y, en particular, con el principio de no devolución, es decir, que no se les retorne a los inmigrantes a su lugar de origen sin verificar antes si hay demandantes de asilo.
FRONTEX seguirá teniendo la posibilidad de coordinar operaciones conjuntas de repatriación a sus países de origen, por ejemplo con vuelos conjuntos. Pero se refuerzan las garantías para asegurarse de que estas operaciones de retorno se lleven a cabo respetando plenamente los derechos fundamentales. Por ejemplo, se exigirá la supervisión de un representante de una ONG, como Cruz Roja, para comprobar que los Estados miembros respetan la normativa comunitaria y un código de conducta que establecerá los niveles de derechos fundamentales que deberán respetarse.
En caso de que un país vulnere los derechos fundamentales en este tipo de operaciones, la Comisión podrá retirar la financiación europea. "La propuesta preparará el camino para una mayor solidaridad y una mejor cooperación entre los países de la UE. Esto nos dará la oportunidad de enfrentarnos mejor a la inmigración irregular y al tráfico humano al mismo tiempo que consolidará las salvaguardias destinadas a garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales", resaltó la comisaria de Interior.
Las propuestas de Bruselas deben ser aprobadas por los ministros del Interior de la UE, que las discutirán por primera vez este jueves, y por la Eurocámara.
