MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha rechazado por el momento la creación del grupo de trabajo compuesto por expertos, tal y como le pedía el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para analizar las carencias que la Alta Institución encuentra en la Ley del Menor y que tienen que ver con la falta de un catálogo de medidas concretas que puedan adoptarse con los niños menores de 14 años que delinquen.
Según explica el informe anual del Defensor, la institución recomendó a Justicia la creación del citado grupo de expertos para "estudiar en profundidad" y si fuera necesario, "abordar una reforma legislativa" que dé respuesta "a la problemática que plantea la falta de concreción de las medidas aplicables a los menores de 14 años que cometen delitos".
Aunque Justicia respondió que esta iniciativa "es una opción que se puede valorar seriamente dado el interés público" de la cuestión, el ministerio "no considera oportuno proceder de forma apresurada a una reforma de tal envergadura como la planteada por la Institución, por lo que por el momento, no se va a constituir el grupo de trabajo".
Múgica, quien a priori se manifiesta contrario a modificar la edad de responsabilidad penal de los menores --fijada en 14 años--, sí entiende que "las referencias genéricas" en la Ley del Menor y "la ausencia de un catálogo de medidas determinadas" para los niños que con menos edad cometen delitos, "está dando lugar a la inactividad de las entidades públicas y a la dejación para asumir las responsabilidades que la ley les impone".
"Preocupa tanto la situación de desprotección en la que pueda quedar la víctima como también la del presunto autor, que en este caso se trata de niños", explica el informe del Defensor, para incidir en que la falta de dicho catálogo de medidas "supone un grado importante de inseguridad jurídica de la víctima, que puede ver imposibilitados sus derechos".
Asimismo, afirma que supone un perjuicio para la entidad pública que debe aplicar las medidas adecuadas a la gravedad de los hechos y a las condiciones personales del menor; para el propio menor implicado, sobre el que se debe actuar con fines de reeducación y, "en general" supone una "inseguridad jurídica" para "toda la sociedad".
