WASHINGTON, 9 Dic. (Reuters/EP) -
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves la ley que prohíbe al Gobierno gastar dinero para trasladar a presos de la cárcel ubicada en la base militar de Guantánamo, en Cuba, a territorio estadounidense para que sean juzgados, lo que impedirá procesar a los 174 reos que todavía permanecen en el penal.
La prohibición establecida por la norma impedirá que estos presos sean procesados bajo la jurisdicción civil, como se ha adelantado ya en una docena de casos, en vez de por la militar, a la que está sometida la base cubana. Entre los presos a los que afectará se encuentra el supuesto 'cerebro' de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed.
Nada más producirse la votación, el Departamento de Justicia manifestó su "rotundo" rechazo a estos límites. El portavoz de este organismo, Matthew Miller, subrayó que "el Congreso no debería limitar las herramientas de las que dispone el Poder Ejecutivo para llevar a los terroristas ante la Justicia y avanzar en el interés de la seguridad nacional".
El texto, que forma parte de una ley relativa a la financiación de las actividades del Gobierno para el año fiscal que concluye el 30 de septiembre de 2011, deberá ser aprobado también por el Senado, por lo que todavía no es definitivo.
PRIMEROS JUICIOS CIVILES
El primer preso de Guantánamo trasladado a Estados Unidos fue Ahmed Jalfan Ghailani, a quien el año pasado una corte federal sólo condenó por uno de los 285 cargos que se le imputaban. Estaba acusado de participar en los atentados, en 1998, contra varias embajadas en África.
El veredicto provocó las críticas del Partido Republicano, que alertó de la supuesta incapacidad de los tribunales ordinarios para tratar unos procesos que, en su opinión, deberían ser examinados por comisiones militares.
En cambio, los demócratas alegan que este tipo de cortes están acostumbradas a juzgar a sospechosos de terrorismo y que Ghailani pasará al menos 20 años en la cárcel por el único cargo que se le mantuvo.
Guantánamo acoge todavía a 174 presos, pese a que el presidente, Barack Obama, prometió como primera medida al llegar a la Casa Blanca que cerraría las polémicas instalaciones en el plazo de un año. Dicho plazo se cumplió en enero de 2010 y el presidente ha rechazado marcarse un nuevo objetivo que, a tenor de las complicaciones logísticas y legislativas, se antoja complicado.
