MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La denuncia contra la Fundación Intervida ha recaido en el Juzgado número 5 del que es titular el juez Baltasar Garzón después de que la titular del Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona encargada de la denuncia se inhibiera el pasado 17 de agosto del caso en favor de la Audiencia Nacional, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, al que le ha sido designado el caso por reparto, dará traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que realice el correspondiente informe de competencias, añadieron las citadas fuentes.
La titular del Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona encargada de la denuncia se inhibió el pasado 17 de agosto del caso en favor de la Audiencia Nacional para evitar dilaciones injustificadas dada la complejidad de la investigación y el hecho de que las personas afectadas sean de toda España.
NINGUN CONTROL DEL DINERO.
En el auto, la jueza alertó de que "no se ha hecho ningún seguimiento ni control para ver si este dinero se dedica realmente a mejorar las condiciones de vida del sector de la población más necesitado, como se indica en las campañas publicitarias".
Asimismo, aseveró que "hasta el momento la única actividad real que ha realizado y realiza la Fundación Intervida es la de captar dinero de sus padrinos", que han visto, según la jueza, incumplidos sus objetivos.
La jueza señaló que el objetivo de los querellados era el de obtener grandes cantidades de dinero a través de un complejo entramado de fundaciones y sociedades en España, Perú y Guatemala "para destinarlo al mundo empresarial, y más concretamente, a los sectores de la construcción, inmobiliario y bancario".
Del mismo modo, anunció "la sangrante creación de colegios de élite y no precisamente para menores desfavorecidos en Guatemala, Las Lagunas, San Mateo y en Perú".
El pasado 11 de julio la jueza ordenó el registro de las cinco sedes de la Fundación Intervida en Barcelona y designó a tres administradores judiciales para que gestionaran la ONG. A su vez, ordenó intervenir el grupo y suspender temporalmente a toda la directiva.
La jueza tomó estas determinaciones una vez se admitió a trámite la querella que el Ministerio Fiscal presentó contra esta ONG por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
El pasado 28 de junio la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona anunció su intención de presentar ante los Juzgados de Instrucción de la citada ciudad una querella contra los gestores de la Fundación Intervida por la supuesta desviación de millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas, después de que la Fiscalía General del Estado le diera el visto bueno al borrador de querella enviado para su visado quince días antes, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
La investigación, que se hizo pública a principios del pasado mes de abril, comenzó hace cuatro años. Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se habrían camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento", más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos. Los directivos de estas empresas eran entonces, a la vez, directivos de Intervida, si bien fuentes de la entidad precisaron hoy que ya no tienen vinculación ninguna con la organización.
Según la normativa que en España rige el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. No obstante, debe registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte de el Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat.
Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94 por ciento de las aportaciones de los "padrinos" se dirigen a programas de atención a la infancia, sin más especificación.
