Comas insiste en obligar a declarar a las mujeres que denuncian y avisa que las causas sobreseídas aumenta en un 180 por ciento
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 49.968 personas han sido condenadas por malos tratos, en los últimos dos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Integral de Medidas de Protección contra este problema, según datos presentados este martes en el Congreso de los Diputados por la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas.
El informe aborda el periodo comprendido entre el 29 de junio de 2005 (entrada en vigor de las medidas penales) y los dos años posteriores y muestra como el 70 por ciento de las personas juzgadas por este tipo de delitos son condenadas (7 de cada diez).
A partir de estos datos, la vocal del CGPJ realizó destacó el "buen funcionamiento", aunque "no óptimo", de la justicia en este ámbito y reconoció su "preocupación" respecto al número de asesinadas, con una media de 58 al año que, a día de hoy, ya ha sido alcanzada.
Así, aunque el número de denuncias se ha incrementado de manera progresiva, con más de 61.000 en el primer semestre del año, los datos del CGPJ muestran que el 70 por ciento de las muertas no había denunciado su situación.
Visto desde otro ángulo, tres de cada diez mujeres perdieron la vida a pesar de haber acudido a la comisaría y contar con una medida cautelar (73 por ciento de los casos). Por ello, Comas señaló la necesidad de mejorar los mecanismos de valoración de las víctimas en comisarías y hacer obligatoria la formación de jueces y fiscales.
SOBRESEIMIENTO DE CAUSAS
La presidenta del Observatorio también llamó la atención sobre el número de sobreseimientos de causas, que pasaron de 3.847 a 10.773 (un 180 por ciento mas), y el incremento de la proporción de absoluciones (del 15 al 24 por ciento en los juzgados especializados).
Comas mostró su preocupación por esta cifra dadas las "dificultades probatorias" a las que, según dijo, se enfrentan jueces y fiscales, dado que "en la mayoría de los casos el único testigo de la agresión es la propia víctima".
Al mismo tiempo, una de cada diez mujeres se niegan a declarar contra su pareja después de haber presentado una denuncia. Por este motivo, Comas insistió en la necesidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Judicial para evitar la dispensa en este tipo de casos.
Además, según Comas, "todavía hay un porcentaje alto" de resoluciones judiciales que no incluyen un control posterior de la orden de alejamiento (no es obligatorio aunque los protocolos lo aconsejan) y señaló la necesidad de que los órganos policiales informen de las medidas adoptadas, el grado de cumplimiento del agresor y de la evolución del caso.
ÓRDENES DE ALEJAMIENTO NO OBLIGATORIAS
Al mismo tiempo, la vocal del CGPJ se mostró partidaria de modificar el Código Penal para evitar que las órdenes de alejamiento sean obligatorias en caso de condena. Según Comas, esta circunstancia favorece que haya cientos de órdenes imposibles de cumplir porque la propia víctima está disconforme, especialmente en los casos de delitos leves, que antes eran considerados faltas (amenazas o agresiones sin resultado de lesión).
Otro de los aspectos a los que se refirió Comas es a la ausencia de datos que acrediten la generalización de las denuncias falsas, ni siquiera por parte de la jueza decana de Barcelona, María Sanahuja, que se ha significado en la crítica de este supuesto.
Según sus datos, desde la entrada en vigor de la norma, el Tribunal Constitucional ha recibido 133 cuestiones de inconstitucionalidad por parte de 22 juzgados, en su mayoría por el incremento de penas y la discriminación positiva de las mujeres.
