Dice que "abundan conceptos jurídicos indeterminados y las expresiones ambiguas" en el proyecto presentado por el Gobierno
MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) ha pedido al Gobierno que amplíe a todos los inmigrantes víctimas de violencia en el ámbito familiar la posibilidad de obtener una autorización de residencia independiente, en lugar de reconocer este derecho sólo a las mujeres que sufren violencia de género, conforme se plantea en el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería.
El texto sometido a consulta por el Gobierno establece que "en caso de que la cónyuge fuera víctima de violencia de género, podrá obtener la autorización de residencia independiente desde el momento en que se hubiera dictado una orden de protección a favor de la misma", sin necesidad de acreditar para ello que dispone de medios económicos suficientes para cubir sus necesidades.
Según explica el CES en su dictamen sobre el anteproyecto, "debería extenderse dicha protección al resto de posibles víctimas" del delito de violencia familiar, como los hijos menores de edad, los mayores dependientes, los incapaces y demás personas de "especial vulnerabilidad".
Esta no es la única propuesta que eleva el Consejo al Gobierno en relación a la iniciativa de reforma, un texto que para el CES está revestido de cierta "provisionalidad" porque hay tres propuestas de directivas europeas en tramitación cuyo contenido afectaría directamente a la Ley de Extranjería en un medio plazo.
Sobre la nueva regulación de las contrataciones en origen, el CES advierte de que en la propuesta del Gobierno "desaparece la mención a la participación de las Comunidades Autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Consejo Superior del Política de Inmigración", lo que a juicio de la entidad, debiera haberse mantenido.
Tampoco están "suficientemente descritas" las funciones de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración como órgano consultivo al igual que, según el dictamen, el anteproyecto "debería contemplar" instrumentos de coordinación entre las autonomías para las concesiones iniciales de residencia y trabajo.
"CONCEPTOS INDETERMINADOS"
Respecto a la forma en sí del documento, el Consejo dice haber observado "algunos problemas de precisión" y afirma que "abundan una serie de conceptos jurídicos indeterminadas y expresiones ambiguas (algunas procedentes de la ley vigente) que pueden generar inseguridad jurídica en los destinatarios de la norma".
En este sentido, destaca la incorporación de las sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen a todos los extranjeros los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. El dictamen advierte de que el Anteproyecto "no contempla condición alguna para el ejercicio de estos derechos" entre los inmigrantes en situación irregular.
Por eso, la entidad concluye que el legislador "debería tener en cuenta el desarrollo de condiciones específicas" para materializar estos derechos de modo que "en previsión de posibles conflictos y respetando su contenido esencial, se permitiera solventar las particulares de su ejercicio".
