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    Gobierno concede 3.120 permisos de residencia y visados a inmigrantes cualificados en un año

    MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

       El Gobierno ha concedido 3.120 autorizaciones de residencia y visados a inmigrantes altamente cualificados que querían establecer su negocio o proyecto en España y ha destinado 694 millones de euros a apoyar que así lo hicieran, según un informe presentado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social al Consejo de Ministros este viernes.

       El informe, del que figura un extracto en la referencia del Consejo de Ministros, versa sobre la aplicación del título V de la Ley de apoyo a los Emprendedores y su internalización, prevé medidas para atraer inmigración cualificada y que está en vigor desde septiembre de 2013.

       Según los datos presentados por la ministra de Empleo y Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2014 se habían concedido 3.120 autorizaciones de residencia y visados en este ámbito, y la inversión estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda es de 694 millones de euros.

       "Se ha logrado el impulso de una inversión de casi 700 millones de euros mediante las medidas de apoyo a los inversores, a los investigadores y a distintos elementos de emigración cualificada que han deseado establecerse en nuestro país", dice la referencia del Consejo.

       El informe recoge asimismo recomendaciones "que se pondrán en marcha", entre las que figura "la agilización del procedimiento burocrático a los inversores, con la posibilidad de solicitar de forma directa una autorización de residencia en aquellos casos en que el inversor se encuentre en España de forma regular, sin tener que salir al extranjero".

       Asimismo, recomienda "la inclusión de la figura del representante del inversor y una mayor seguridad a los inversores de vivienda, aceptando, por ejemplo, el contrato de arras para que puedan justificar la inversión y obtener un visado de inversión temporal de seis meses, con el fin de que puedan hacerla efectiva".

       Además, prevé la necesidad de dotar de "mayor seguridad jurídica a la clarificación de las valoraciones de los proyectos empresariales", tanto en concesión como en renovación; y eliminar "trámites considerados superfluos" hacia trabajadores altamente cualificados e investigadores, así como "en la facilitación de movimientos entre corporativos".

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