MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la propuesta de resolución planteada por el PP del Debate sobre el estado de la Nación en la que se insta al Gobierno a promover un pacto de Estado sociosanitario entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales, en materia de sanidad y servicios sociales.
En esta propuesta el PP ha contado con el apoyo de UPN y Foro de Asturias, mientras que UPyD se ha abstenido y el resto de la oposición ha votado en contra de la misma. No obstante, como los 'populares' cuentan con mayoría absoluta en el arco parlamentario la propuesta de resolución ha salido adelante.
No obstante, en materia sanitaria, han sido rechazadas el resto de propuestas de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación presentadas por la oposición con el voto del PP. Entre otros puntos pedían la reposición de una sanidad universal, así como de la puesta en marcha del sistema de Dependencia.
ACABAR CON LA DEUDA DE 16.000 MILLONES DE EUROS
Así las cosas, el PP ha promovido en esta propuesta de resolución seguir avanzando en la garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una vez que se hayan adoptado todas las medidas para acabar con la deuda de 16.000 millones de euros.
Con ello, el PP propone entre otros puntos: la receta electrónica en todo el territorio nacional; la promoción del uso seguro de medicamentos con un sistema unificado de registro y notificación de incidentes; el desarrollo de una política común en colaboración entre comunidades en materia de compra de productos sanitarios; seguir avanzando en la reducción del gasto farmacéutico a través de la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para fomentar la innovación.
En materia de Servicios Sociales, esta iniciativa también urge al Gobierno a seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad con un nuevo marco legal para su promoción laboral, que garantiza a su vez su integración, así como establecer la igualdad entre hombres y mujeres como política "prioritaria y transversal".
En materia de pobreza, se solicita al Gobierno que siente las bases de un modelo innovador de protección social de forma "transversal y multidisciplinar" que incluya como reto prioritario la reducción de la pobreza, con especial atención a la infancia más vulnerable, a través del Plan de Acción para la inclusión social 2013-2016, así como el Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016.
SANIDAD UNIVERSAL
Entre las propuestas rechazadas se encuentra, por ejemplo, la del Grupo Socialista dedicada a la Sanidad y el Consumo, en la que planteaba que el Pleno de la Cámara Baja promoviera una ley para recuperar y asegurar la universalización del derecho de asistencia sanitaria pública "haciendo posible que todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo la población inmigrante, sean titulares de los derechos a la protección de la salud".
Es más, pedía que se paralizasen los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en algunas comunidades autónomas, se derogase el conocido 'medicamentazo' y se asegurasen las urgencias en horario de tardes y noches.
"Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, con un potente liderazgo social y político del que carece la actual titular, Ana Mato. Es por ello que debe procederse a su renovación", sostenía el PSOE.
Desde CiU, se instaba al Gobierno a restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho a la ciudadanía para el acceso universal a la asistencia sanitaria primaria y de urgencias, a la vez que se permitiera racionalizar el gasto, evitando el llamado 'turismo sanitario'.
Por parte de IU, se exigía a la Cámara Baja que respaldase la derogación del decreto de reforma sanitaria y se recuperase la salud como "derecho y no como un negocio", además de que se devolviera lo recaudado en el euro por receta, y se restableciera el problema de la teleasistencia domiciliaria.
Desde el BNG, se exigía un acuerdo para traspasar a las autonomías los fondos que necesiten para incrementar el gasto en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, como la dependencia, para poder garantizar el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a todos ellos. Igualmente, planteaba la supresión del decreto de reforma sanitaria, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que establece el copago farmacéutico.
DEPENDENCIA
Por otro lado, el PSOE también presentaba dentro de sus propuestas de resolución el mantenimiento de la Ley de Dependencia, con la recuperación de la financiación por parte del Estado del Convenio especial con la seguridad social de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, así como un plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de dependientes y favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante una nueva regulación legal del empleo.
El PNV, por su parte, pedía al Ejecutivo que articulase las medidas necesarias para que las comunidades autónomas pudieran recibir de la Administración General del Estado los fondos económicos que se pudieran contemplar en el nivel acordado previsto en la Ley de Dependencia.
Desde ERC, se proponía que se consolidase el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de protección social, contando con los recursos adecuados y rectificar mediante decreto ley las medidas "más lesivas" aplicadas a la Ley de Dependencia.
UNA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Por parte de IU, una de sus propuestas de resolución consistía en instar al Pleno del Congreso a aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan estatal de emergencia contra la pobreza y la exclusión social 2014-2020, así como dotar a las entidades locales de los medios suficientes para proporcionar becas de comedor escolar a las familias sin recursos suficientes.
CiU proponía, por su parte, priorizar la lucha contra esta lacra, en especial en los niños, con la creación de dos fondos extraordinarios al objeto de apoyar con recursos económicos las políticas que llevan a cabo las comunidades autónomas en materia de prevención y erradicación de la exclusión social y atención a las personas sin hogar, por un lado, y de la pobreza infantil por otro.
Asimismo, ERC quería que el Congreso declare la lucha contra la pobreza como "prioridad absoluta" en la agenda política, de igual forma que constate la necesidad urgente de crear una 'renta garantizada de ciudadanía', que permitiera garantizar una vida "digna" a los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
A su vez, el PSOE recuperaba sin éxito una de sus propuestas de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 de cara a pedir la adopción de manera urgente una serie de medidas de lucha contra la pobreza, a través de la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias y personas en situación de pobreza dotado con mil millones de euros.
