ALMERÍA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Carboneras (Almería) Cristóbal Fernández (PSOE) y seis de los ediles que conformaban su equipo de gobierno declaran este martes en calidad de imputado en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurrieron en un presunto delito de prevaricación administrativa al mantener como urbanizable el sector ST-1 de El Algarrobico sobre el que asienta el hotel de Azata del Sol.
La jueza instructora ha citado a Fernández, al frente de la Alcaldía durante dos décadas solo interrumpidas por una condena de seis meses por un delito electoral del que finalmente fue indultado, a las 09,30 horas.
A la sede del Juzgado número 3 de Vera deben acudir, asimismo, la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como Francisco Ruiz, quien le sustituyó mientras estuvo inhabilitado, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.
No podrá estar presente en la toma de testimonio la letrada de Ecologistas en Acción Ana Sanchiz después de que la jueza en una providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación popular.
Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que estas declaraciones impulsen la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión a Fernández.
Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el transcurso de un pleno celebrado en 2009 y en el gobierno, votaron a favor de una adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por la que se mantenía la clasificación de urbanizable para el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata del Sol.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
Tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también, para que comparezcan en calidad de testigos este martes, la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.
DECLARACIÓN DEL ACTUAL ALCALDE
El actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), señaló ante la jueza en su declaración prestada en marzo que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.
LA DENUNCIA
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
