Actualizado 10/05/2010 13:36

El Defensor del Pueblo realizó 54 visitas a centros de detención en dos meses

Enrique Múgica
EP

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo realizó 54 visitas a centros de retención en España entre el 3 de marzo y el 7 de mayo de este año, durante los que han sido sus dos primeros meses como institución representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conforme explicó este lunes el propio Enrique Múgica en el Senado durante la inauguración de unas jornadas monográficas sobre este asunto.

Múgica, acompañado por el presidente del Senado, Javier Rojo, y del vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, Mario Coriolano, explicó que desde el pasado 3 de marzo, fecha en al que se llevó a cabo la primera visita bajo las nuevas condiciones, "el número de actuaciones no ha dejado de crecer y, además, se han extendido a una amplia tipología de lugares de privación de libertad".

No obstante, el Defensor avanzó su intención de incorporar al Mecanismo comisionados parlamentarios autonómicos para "multiplicar el número de lugares visitados", así como sumar "las aportaciones de profesionales de disciplinas científicas relacionadas con este campo, lo que contribuirá a extremar el rigor y a delimitar mucho más precisamente la labor de prevención".

Igualmente, apuntó que se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2009 sobre la constitución de un Consejo Asesor como órgano de cooperación jurídica y técnica del Mecanismo Nacional de Prevención, aunque señaló que para abarcar "la magnitud del reto" planteado, será necesario un "sustancial incremento de dotaciones" presupuestarias.

"Hay miles de lugares de privación de libertad en nuestro país. Por ello, y para dar cumplimiento a lo solicitado expresamente por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en sus recientes recomendaciones a España, hemos de confiar en un sustancial incremento de dotaciones en nuestro próximo Presupuesto, que deberá ser aprobado por las Mesas conjuntas del Congreso y del Senado después del verano", señaló Múgica.

Por su parte, Rojo puso el acento en que con la designación del Defensor del Pueblo a cargo del citado Mecanismo, el país se ha "adherido a un movimiento mundial de gran transparencia". No obstante, precisó que esto "no obedece a que en España exista un problema de torturas, sino a la necesidad de la prevención mediante visitas sorpresivas y regulares".

"En los últimos años asistimos a ciertas imágenes que nos han hecho revolvernos y rebelarnos contra los tratos degradantes y humillantes a presos en cárceles del extranjero a los que se les ha privado siquiera de saber de qué se les acusaba (...) y también hemos visto en nuestro país indicios de tratos vejatorios a menores en sus respectivos centros de internamiento" y "algún caso aislado de brutalidad policial", apuntó Rojo, para quien "estas son las prácticas que hay que desterrar".

INDEPENDENCIA, RECOMENDACIONES Y COOPERACIÓN

Por otro lado, el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, Mario Coriolano, trasladó al auditorio lo que a su juicio son las claves para el buen funcionamiento de un mecanismo nacional de prevención de la tortura: un organismo independiente que eleve sus recomendaciones y sugerencias y que trabaje de forma coordinada con el resto de instituciones públicas.

Sobre el primer asunto, destacó que en España tanto el Defensor nacional como los autonómicos tienen su carácter independiente recogido en sus estatutos y añadió que "esta independencia reclama multidisciplina, con distintos saberes que ayuden a conocer mejor lo que ocurre en los centros de retención".

Respecto a las visitas periódicas, Coriolano destacó que de ellas se tienen que desprender "recomendaciones públicas" que estén "dotadas con el suficiente seguimiento". Asimismo, incidió en la importancia de repetir en el tiempo las visitas a los mismos centros, haciendo que "el funcionario público sepa que está controlado".

Por último, incidió en la importancia de que el Mecanismo desarrolle un "trabajo interinstitucional y coordinado" utilizando unas reglas que deberán articularse por vía reglamentaria y que establecerán "de qué manera se pueden cubrir la totalidad de los lugares de retención" en todo el territorio nacional.