MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que los fondos que aporta el Estado para la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia están "estancados" cerca de los 2.000 millones de euros, el mismo presupuesto que el año pasado.
Esta organización ha analizado los nuevos criterios de créditos para la financiación de la Ley de Dependencia aprobados el pasado 9 de julio en Consejo de Ministros que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado para concluir que el Nivel Acordado es de 283,2 millones de euros, "de lo que se deduce un incremento cero en este año porque ni siquiera se ha incrementado el IPC interanual".
Según explican, la mayor parte del gasto para dependencia desde la Administración del Estado corresponde al Nivel Mínimo, que depende de los grados y niveles reconocidos por las comunidades autónomas y que "sólo en lo que va de año asciende a 791,7 millones de euros". "Si continua la tendencia a final de año supondrá 1.650 millones de euros", advierte la organización.
Por eso, concluyen que la financiación total (mínimo+acordado) "estaría estancada cerca de los 2.000 millones por parte del Estado para 2010, prácticamente igual que en 2009" porque los dependientes más graves y que suponen una mayor aportación del Estado (Grado III), van ocasionando bajas y están teniendo 'repuesto' a un ritmo muy bajo".
Además, los gerentes denuncian que si bien los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia avanzan en la línea de 'premiar' a las comunidades que mejor aplican la ley, el nuevo modelo de reparto para el Nivel Acordado "no penaliza" a los que peor están desarrollando la norma y tampoco "beneficia sustancialmente" a quienes mejor la aplican.
No obstante, señala "probable" que los territorios que más déficit de implantación tienen, Canarias, Madrid y Valencia, "sí empiecen a resultar más penalizados al ponderar más el criterio de las personas efectivamente atendidas (con PIA) en los años siguientes".
La organización explica que tanto las variaciones de la cantidad de dinero tanto en términos absolutos como porcentuales señalan como beneficiarias a Andalucía, que incrementa su financiación en 5,5 millones (un 1,91 por ciento) y Cataluña, que ganaría 2 millones, aunque "tan sólo" suponen un 0,7 por ciento más. También figuran en este apartado Cantabria, La Rioja y Castilla y León.
En cuanto a los "penalizados por el nuevo sistema", la organización destaca los casos de Galicia, que pierde 3 millones respecto a 2009, Valencia y Canarias (pierden mas de un millón de euros), mientras que el resto de comunidades penalizadas tendrán proporciones de reducción por debajo del millón de euros.
