MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta, Beatriz Mato criticó hoy el cambio de criterio en la repartición del fondo correspondiente al nivel acordado entre las distintas Comunidades Autónomas, que a partir de ahora se calculará en base al cumplimiento de la Ley y el número de personas efectivamente atendidas, puesto que supondrá una rebaja de 3 millones de euros en la cantidad percibida por Galicia para desarrollar la Ley de Dependencia.
Tras asistir al Consejo Interterritorial de Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, la consejera gallega manifestó la imposibilidad que para la Xunta representa dar su apoyo a un nuevo modelo de financiación que rebaja en un 9 por ciento "el dinero que el Gobierno reparte directamente a las autonomías para la tramitación y la atención de la Ley".
Mato explicó que el nuevo reparto se establecerá de forma gradual, según el plan plurianual aprobado hoy hasta 2014, en detrimento del criterio de reparto basado en la población potencialmente dependiente, de tal forma que el peso de la financiación se irá repartiendo, cada vez más, en función de los servicios prestados y las personas atendidas.
Un plan que, según anunció la ministra, establece que el 56 por ciento del dinero "se repartirá de acuerdo al número de personas efectivamente atendidas, los servicios de dependencia prestados y el cumplimiento de acuerdos". Hasta ahora, el 80 por ciento se concedía en función de la población potencialmente dependiente y el 20 por ciento según las personas que hubieran solicitado entrar en el sistema de atención a la dependencia.
"Si bien valoramos positivamente que existan unas reglas de juego, no tenemos porqué valorar que esas reglas beneficien a Galicia. De hecho, con la aplicación de esta reglas de juego sale perjudicada en general", no sólo en el año 2010, sino también "en años sucesivos", apuntó.
Dicho esto, la consejera de Trabajo y Bienestar recordó que la Xunta ya presentó alegaciones a "cada uno de los fondos" por los que se aplicaban estos criterios aunque precisó que "no han sido atendidas", e incidió en la necesidad que supone para la Comunidad gallega. En este sentido, pidió nuevamente que se tengan en cuenta "las características de cada Comunidad Autónoma, especialmente la dispersión poblacional, que junto a la tasa de envejecimiento --el tercer territorio con la población más envejecida-- , hacen que la prestación de los servicios sea mucho más elevada".
"ESCAPISMO" DEL GOBIERNO EN LA FINANCIACIÓN
"Es evidente que no es lo mismo prestar un servicio de atención en una parroquia de un municipio de Lugo, que en Madrid, Cataluña o cualquier otra CC.AA.. Es un parámetro que no se tiene en cuenta y avoca a que el gobierno de la Xunta no apoye este nuevo modelo y manifieste su disconformidad en esta tramitación del nivel acordado", aseveró.
En esta línea, Mato achacó al Gobierno central su voluntad "escapista" en relación con la financiación y valoró que "el debate real" que precisan el Estado, "y Galicia", es la financiación "en sí misma", y, en este sentido, reclamó un debate en torno "al bloque más importante que aporta el Estado" a la financiación, "el nivel mínimo", porque "no se ha dado" y "no estaba presente en la reunión".
De esta forma, afirmó que, si la Ley de Dependencia apuesta porque la financiación se reparta al 50 por ciento entre las Comunidades Autónomas y el Estado, el Gobierno "debe de aplicar ese 50 por ciento en la atención a los servicios, porque la Ley "no es eficiente", como se ha demostrado en su aplicación "durante los últimos tres años", y no es lo mismo desarrollarla en un territorio ""que en otro".
