Actualizado 05/06/2007 20:54

Ecologistas acusan al Gobierno murciano de aprobar dos urbanizaciones y un puerto deportivo sin impacto ambiental

MURCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha remitido un escrito al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, en el que denuncia que, "al menos, dos urbanizaciones y un puerto deportivo han sido aprobados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes sin antes conocer las condiciones de la declaración ambiental".

En concreto, Anse se refiere a dos urbanizaciones en los municipios de Águilas (fincas Prudencio de Arriba y Prudencio de Abajo) y Fuente Álamo (Hacienda El Álamo), así como a un puerto (nueva marina deportiva) en San Pedro del Pinatar.

En estos casos, "la tramitación se hizo al revés", ya que "primero se valoraron los impactos y luego se elaboró el informe de Medio Natural", esto es, "primero se aprobó el proyecto por Urbanismo, y luego se publicó la declaración de impacto ambiental", explicó en un comunicado el portavoz de Anse, Pedro García.

Según el texto del escrito de Anse, el titular de la citada Consejería, Joaquín Bascuñana, "habría tramitado y/o aprobado en los últimos años varios proyectos a ciegas, sin conocer previamente las condiciones establecidas de forma preceptiva para ello por la Consejería de Medio Ambiente".

Así, por ejemplo, Anse explicó que, en lo que respecta a Águilas, el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) "publicó el pasado mes de abril la declaración de impacto favorable, firmada por el Director General de Calidad Ambiental en enero de 2006, más de un año antes!, de una modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación de Águilas, en la Finca Prudencio de Arriba y Prudencio de Abajo".

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Águilas, consiste en el cambio de clasificación a suelo urbanizable sectorizado residencial y terciario-turístico de unos terrenos cuya clasificación actual es la de suelo no urbanizable de uso agrícola, con una superficie de casi 2,5 millones de metros cuadrados, junto al vial de circunvalación y carretera de Cope.

La Asociación de Naturalistas del Sureste sostiene que, según la propia Dirección General del Medio Natural, la zona forestal incluida en estos terrenos "se encuentra dentro de un área de calidad alta de tortuga mora, considerados por las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia como suelos de Protección Geomorfológica".

La Orden de Bascuñana aprobando esta modificación del plan urbanístico de Águilas "se publicó siete meses antes, en septiembre del pasado año 2006", añade Anse.

Igualmente, desveló que "esta Orden se publicó después de que el director general del Medio Natural, Antonio Alvarado, firmara la declaración ambiental, en la que se alude que deben integrarse en la normativa reguladora del nuevo sector, las medidas protectoras y correctoras y el programa de vigilancia del estudio de impacto ambiental, así como las prescripciones técnicas de la propia declaración".

Sin embargo, Anse asegura que "las normas publicadas en el BORM no incluyen para nada las establecidas en la declaración de impacto, sobre todo aquellas manifestadas por la Dirección General del Medio Natural, las más exigentes y limitadoras de la urbanización".

También señala Anse otra "irregularidad muy llamativa", como el hecho de que la valoración de los impactos ambientales que ocasionaría el proyecto se hizo "mediante acuerdo de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental, de fecha 22 de diciembre de 2005". Es decir, el informe de la Dirección General del Medio Natural, que es la base principal de la declaración de impacto, se realizó un mes después, en enero de 2006.

Anse considera que el subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, "habría presuntamente informado de forma favorable el proyecto sin conocer la Declaración de Impacto Ambiental, ya que en la normativa aprobada lo que se transcribió aparentemente fueron las medidas ambientales propuestas voluntariamente por el promotor en el estudio de impacto, no aquellas establecidas obligatoriamente por la Declaración de Impacto basándose sobre todo en el informe de los técnicos de Medio Natural".

Además, la asociación conservacionista recordó que, según la propia declaración de impacto, "ésta debe hacerse pública en todo caso, pero al hacerlo después de autorizar el proyecto, se privó a los ciudadanos de conocerla con la antelación suficiente para impugnar la reclasificación de suelos".

SIN ALEGACIONES.

Desde el Gobierno regional, el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, negó que se privara a los ciudadanos impugnar el proyecto de Águilas, ya que la DIA relativa a la modificación puntual del PGOU "fue publicada en el BORM, quedando sometida a información pública, fase en la que no se recibió alegación alguna".

Asimismo, Guerrero recalcó que en la Orden correspondiente del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, igualmente publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, "también se aludía a la Declaración de Impacto Ambiental y tampoco se recibieron alegaciones en su fase de información pública", según una nota de prensa de la Secretaría General de la Presidencia y Relaciones Externas.