MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, señaló hoy que "es más necesario que nunca" llevar a cabo el recurso contra la orden del Gobierno valenciano que desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los derechos Humanos (EpC) por la "incertidumbre" generada en la comunidad educativa valenciana. Además, apuntó que esta norma "entorpece que los alumnos cumplan los objetivos que la ley marca para esta etapa educativa", por lo que, "además de incumplir la ley, está perjudicando a los alumnos".
Almunia, quien se pronunció en estos términos en la rueda de prensa convocada para explicar las razones del recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), indicó que el objeto de este recurso no es que se imparta en otro idioma, porque "la podrán dar en inglés, valenciano o castellano", sino que "divide a los alumnos y asume competencias propias de los centros educativos y de los profesores".
En concreto, la secretaria de Estado señaló que esta "división" del alumnado se produce debido a las dos opciones diferentes de impartir la materia --bien a través del desarrollo del currículo de la materia en inglés por parte del profesor, bien con la realización de un trabajo individual de periodicidad trimestral--, y a que "sólo prepara refuerzo educativo para los alumnos de una opción, no para las dos".
Para Almunia, "la primera condición" que establece el Ministerio para poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo valenciano, sería que éste "anunciase la retirada de la orden",para que los centros educativos de esta comunidad puedan "poner en marcha" la asignatura, "como lo han hecho siete comunidades autónomas", el pasado curso.
"CUMPLIR LA LEGALIDAD"
En este sentido, la secretaria de Estado advirtió a la Consejería de Educación valenciana que "cumpla con la legalidad que ha aprobado el Parlamento de España", y apuntó además la posibilidad de que la norma pueda "incumplir la normativa propia de Generalitat valenciana". Asimismo, para Almunia, este tipo de "ocurrencias no se pueden experimentar con los jóvenes", porque "hay mucho en juego, como su futuro y el de sus familias".
Por todo ello, exigen al Gobierno valenciano que se sume a lo que siete comunidades autónomas ya han hecho: "poner en marcha una ley educativa y una norma aprobada por el parlamento". Además, Almunia indicó que desde el ministerio creen que "los jóvenes valencianos tienen los mismos derechos que los 200.000 de toda España, a los que ya se les ha impartido la asignatura".
