MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La evaluación policial del riesgo en que se encuentra una mujer que ha denunciado violencia de género es "un cuestionario con un agujero importante realizado por personas que no tienen ni cualificación ni conocimientos sobre la evaluación conductual", es decir, que "es como tirar una moneda al aire".
Así lo considera la psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Rocío Gómez Hermoso, que con más de 30 años de experiencia en la materia, reivindica una apuesta "no publicitaria" por la evaluación del riesgo para prevenir asesinatos de índole machista como los registrados este año, cuando la mayoría de las víctimas mortales que habían denunciado fueron diagnosticadas en riesgo bajo o no apreciado.
En declaraciones a Europa Press, Gómez es tajante en relación con los cuestionarios que los policías rellenan con las respuestas que dan las víctimas en el momento de la denuncia cuando asegura que se está poniendo el foco en mejorar su contenido "para que parezca que se está haciendo algo, aunque en realidad no es efectivo y no tiene calidad".
"No son adecuados, porque tienen una sensibilidad inferior al 50%, es decir, que dejan fuera a muchas personas que peligrosas que no son captadas, y además, ni siquiera son realizados por personas que tengan conocimientos en evaluación conductual y de peligrosidad", asegura.
Gómez recuerda que existe otro protocolo de evaluación, el impulsado por el Ministerio de Justicia en 2012 y elaborado por un psicólogo para que los médicos forenses de los juzgados, si los hay, lo apliquen. La experta reseña que ya en inicio fue muy criticado por los colegios y asociaciones profesionales de Psicología, por tener una sensibilidad inferior al 45% y estar a cargo de personal no experto.
"Yo no puedo hablar de una lesión en un hueso porque no soy médico, pero es que un médico no puede hablar de la peligrosidad de una conducta porque no es un psicólogo. Como no nos quieren pagar a los psicólogos ni las guardias ni el reconocimiento profesional, nos dicen que eso lo hace el médico que sí tiene la guardia concedida. El médico o no lo aplica porque reconoce que no sabe hacerlo, o lo aplica mal o le cede la evaluación a la policía", detalla.
En muchos casos, ni siquiera está ese médico ya que, conforme recuerda, las unidades de valoración forense que según la Ley Integral, deberían estar a disposición de todos los juzgados de violencia sobre la mujer, no se han generalizado, de modo que son muchos los jueces que dictan medidas cautelares en la actualidad sin tener un informe sobre el riesgo de la víctima que vaya más allá de la evaluación policial.
"No existen las valoraciones de peligrosidad que estamos planteando los psicólogos desde hace tiempo y que son las que nos van a indicar en un porcenjate mayor o menor el riesgo que asuminos de reincidencia desde una perspectiva conductual. Es que esto es lo básico a la hora de decidir proteger una persona con una medida cautelar", asegura. Se trata de evaluar a fondo al agresor, no sólo a su víctima.
Gómez habla de "desmoralización" ante "cosas que se ven y que se dejan pasar" porque "se busca la venta política y no la calidad ni la protección del otro". "Este año ha habido 14 casos de muerte con denuncia y el cuestionario policial había dado riesgo bajo o no apreciado. Es indignante. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está midiendo esto? ¿Por qué no se exigen responsabilidades a todos los niveles?", plantea.
