Actualizado 29/12/2010 18:39

El ex ministro guatemalteco Vielmann paga la fianza impuesta por la Audiencia Nacional


MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Gobernación guatemalteco Carlos Vielmann ha pagado la fianza de 100.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, según ha informado este miércoles el diario 'La Prensa' de Guatemala, que cita al abogado del ex ministro en el país centroamericano, Francisco Palomo.

El hijo del ex ministro, Carlos Vielmann, también ha confirmado al diario guatemalteco la información desde España. El abogado de Vielmann ya había adelantado cuando Grande Marlaska fijó la fianza que iba a recurrir a un préstamo hipotecario para poder realizar el pago, recuerda 'La Prensa'.

El pasado 16 de diciembre Grande-Marlaska había dejado en libertad bajo fianza de 100.000 euros a Vielmann, a quien la Fiscalía acusa de "autorizar y supervisar" la creación de una "estructura criminal paralela" que habría llevado a cabo la "ejecución extrajudicial" de diez presos del país centroamericano entre noviembre de 2005 y septiembre de 2006.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adoptó dicha decisión a pesar de la petición de ingreso en prisión que presentó el fiscal Pedro Martínez Torrijos, que le imputa diez asesinatos y un delito de lesa humanidad. Asimismo, el magistrado también ordenó la retirada del pasaporte de Vielmann y le prohibió abandonar España.

Vielmann, que había sido detenido ese día en su domicilio de Madrid, "autorizó y supervisó en unión de otros mandos de la Policía Nacional y de la Dirección del Sistema Penitenciario la creación de una estructura criminal clandestina compuesta por miembros de los cuerpos de seguridad" que llevó a cabo la ejecución de tres presos que se habían fugado de la cárcel de máxima seguridad conocida como 'El Infiernito' y otros siete que se amotinaron en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, según una querella presentada por la Fiscalía.

El tribunal es competente para perseguir estos delitos porque, según explicaba la Fiscalía en su querella, el acusado tiene nacionalidad española, "no ha sido absuelto, indultado o penado en el país donde se cometieron los hechos" y los hechos punibles son tipificados en el país de origen como ejecución extrajudicial y han sido denunciados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).