Actualizado 22/04/2010 11:09

La expulsión de una nigeriana embarazada fue "garantista"

Aido
EP

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expulsión hace un mes a Nigeria de una mujer embarazada y presunta víctima de explotación sexual se decidió, como en todos los casos en este campo, siguiendo un procedimiento garantista y sometido a control judicial, según recalcó esta miércoles el Ministerio de Igualdad.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, fue preguntada esta mañana en el Congreso de los Diputados por el diputado del PNV, Joseba Aguirretxea, quien detalló que la nigeriana "fue captada bajo engaño tras ser asesinados sus padres por ser cristianos, enviada a España y obligada a ejercer la prostitución y a pagar una deuda contraída con su tratante de 20.000 dólares bajo amenaza de muerte".

La mujer, según el diputado del PNV, se quedó embarazada porque estaba "obligada a mantener relaciones sexuales sin preservativo", pero se negó a abortar pese a las presiones de su proxeneta y acudió a una comisaría de policía a pedir asilo, momento en el que "se la detiene y se le traslada a un Centro de Internamiento de Extranjeros" para su posterior expulsión.

Sin mencionar el caso concreto, Aído quiso dejar claro que todas las decisiones que se adoptan en España en esta materia "se atienen a un procedimiento garantista y están sometidas a control judicial". Según explicó, existe "un total compromiso del Gobierno" de apoyar a las víctimas de trata y de perseguir a las redes mafiosas.

Además, destacó que el Ejecutivo ha creado un fondo para la asistencia y recuperación integral de las víctimas y agregó que en la reforma del Código Penal se recogerá "el delito de trata diferenciado del delito de tráfico". "Hay un compromiso firme contra la trata de seres humanos y nuestro compromiso con las mujeres africanas viene certificado por nuestra trayectoria en la cooperación al desarrollo", apuntó.

Aído también expresó su confianza en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes en 2009 actuaron contra 158 grupos criminales, detuvieron a más de 700 personas y atendieron a cerca de 1.300 mujeres.