HARARE, 25 Jun. (Reuters/EP) -
Los fiscales del Estado de Zimbabue admitieron hoy que agentes de seguridad secuestraron y detuvieron ilegalmente a la activista pro Derechos Humanos Jestina Mukoko, quien había pedido al Tribunal Supremo que detuviera el proceso judicial abierto contra ella acusada de varios cargos de terrorismo.
Mukoko, una destacada activista, está buscando el aplazamiento permanente de su acusación bajo los cargos de reclutar o intentar reclutar a personas para derrocar al Gobierno. Más de una decena de activistas de la oposición se enfrentan a imputaciones similares.
El caso ha aumentado las tensiones en el Gobierno de unidad formado por el presidente, Robert Mugabe, y su anterior rival y ahora primer ministro, Morgan Tsvangirai, y supone una prueba del compromiso de la Administración zimbabuense para llevar a cabo las reformas democráticas que piden los donantes occidentales.
Mukoko sostiene que fue atrapada al amanecer en pijama por hombres armados sin identificar en su casa el 3 de diciembre del año pasado y fue torturada antes de ser entregada a la Policía 19 días más tarde. Su abogado, Jeremy Gauntlet, declaró hoy ante el Tribunal Supremo que los derechos de Mukoko habían sido violados de manera extrema, incluida la negativa de darle medicación y un abogado, así como mantenerla en confinamiento solitario.
"El proceso (de su arresto) está tan contaminado que debería ordenarse un aplazamiento permanente de la acusación", aseguró Gauntlet ante el tribunal, añadiendo que los fiscales se basan en las pruebas sacadas a Mukoko durante la tortura. El tribunal ha pospuesto la sentencia de forma indefinida. Si dictamina a favor de Mukoko, su sentencia tendrá impacto sobre los activistas que han hecho la misma reclamación al Tribunal Supremo.
La fiscal estatal, Fatima Maxwell, en respuesta a la pregunta del ministro de Justicia, Godfrey Chidyausiku, señaló que el Estado no cuestionó las pruebas de Mukoko y que tampoco había interrogado a los agentes que la secuestraron. Al ser preguntada sobre si reconocía que el secuestro y detención de Mukoko fueron ilegales, Maxwell respondió. "Sí, mi señoría".
"Si se demuestran las acusaciones tal y como se han presentado, supondrán una clara violación de los tres derechos en la Constitución", afirmó Maxwell, en referencia al derecho a la libertad, la protección bajo la ley y el derecho sobre la tortura. Pero Maxwell señala que estas violaciones no librarían a Mukoko de ser juzgada aunque debería llevarse a cabo una investigación separada para investigar las acusaciones.
