MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los forenses consideran que debe ser la Fiscalía o la autoridad judicial quien ordene y supervise la realización de pruebas óseas para la determinación de la edad en los casos de inmigrantes llegados por vía irregular a España, ya que en muchos casos, son las comunidades autónomas o las fuerzas policiales quienes se encargan de ello.
Esta es una de las recomendaciones recogidas en un documento de consenso de buenas prácticas entre los institutos de medicina legal de España, fruto de las jornadas de trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los Menores extranjeros no acompañados organizada por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, y presentadas por el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Bañon.
Según ha señalado, el hecho de que "la policía o las administraciones autonómicas pidan la prueba" supone un "problema específico" para los forenses, porque sólo disponen de los resultados de un examen que muestra el desarrollo óseo y que tomado de forma aislada no sirve para concluir con certeza la edad que tiene el supuesto menor.
"Es un proceso global y quien tiene que tomar la decisión no es el radiólogo porque hay que tener en cuenta una serie de elementos a los que nosotros no tenemos acceso (...) por lo que tiene que ser el juez quien tome la decisión y no como se hace ahora, que se solapa la toma de decisiones", ha señalado.
Sobre este asunto, Cava de Llano ha señalado que la institución ha detectado "un enorme número de quejas", el diez por ciento del total en materia de extranjería, porque la determinación de la edad funciona de forma distinta en cada comunidad autónoma. La mayoría hacían relación a la "preocupante" horquilla de cuatro años en el cálculo que dan las pruebas óseas, aunque también porque eran las fuerzas policiales quienes solicitaban el exámen, no la autoridad judicial.
Bañon ha explicado que la determinación de la edad por estimación de la madurez ósea o mineralización dental es un método sujeto a "grandes variaciones" y por tanto, "no debe ser usado a menos que no se disponga de otro método más fiable". Además, cuando el forense o el radiólogo elaboran su informe, "sólo" están facilitando un cálculo de probabilidades de que el joven tenga una u otra edad, pero para alcanzar una conclusión hacen falta más elementos.
Así, los forenses consideran que para poder calcular con la mayor certeza posible la edad de estos jóvenes, es imprescindible que se sometan a una entrevista personal, un examen físico, un análisis radiológico de la muñeca y otro de la dentadura. En caso de que los resultados no fueran concluyentes, se podrían realizar pruebas complementarias, como una radiografía de la clavícula.
Bañon ha incidido en que para todo este proceso se debe contar con el consentimiento informado del joven y, por tanto, con traductores que faciliten la tarea. Además, las pruebas tienen que ser realizadas por profesionales con formación específica, a ser posible en unidades creadas para tal fin en el seno de los institutos de medicina legal, instituciones éstas que deberían funcionar en toda España aunque ni Madrid, ni Ceuta ni Melilla tienen.
HACE FALTA UN REGISTRO DE MENORES
Asimismo, los forenses piden tiempo para poder realizar sus pruebas y sacar conclusiones, ya que se trata de un "procedimiento complejo", por lo que piden que se evite acudir a los servicios de guardia. Para realizar exámenes complementarios cuando se necesite, apuestan por convenios con clínicas y hospitales públicos o privados que puedan garantizar "las condiciones técnicas adecuadas".
Por último, solicitan que se identifique de forma "fehaciente" a los supuestos menores inmigrantes, para evitar que sean sometidos más de una vez a los exámenes radiológicos y, por tanto, a un exceso de radiación innecesario y perjudicial.
En este sentido, Cava de Llano ha reivindicado la puesta en marcha del Registro de Menores Extranjeros no acompañados, que si bien ya existe en España, aún no está operativo, porque "puede paliar efectos nocivos" al evitar que se repitan determinadas pruebas.
La Defensora del Pueblo ha explicado que las conclusiones alcanzadas por los forenses se sumarán a las que recojan los fiscales, las fuerzas policiales y las administraciones públicas, que estarán representadas a lo largo esta segunda jornada de trabajo sobre la determinación de la edad.
El objetivo es conseguir que se aúnen los criterios a nivel nacional para que en todos los territorios se sigan los mismos protocolos ante la llegada de menores inmigrantes. El resultado será un informe monográfico que estará listo previsiblemente en enero de 2011 y que la institución elevará a todas las partes implicadas.
