El juez cree que no hubo una vigilancia "adecuada" al tener antecedentes de autolesiones
BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha condenado a la Secretaría de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Consejería de Justicia a indemnizar con 200.000 euros a un preso que en 2000 intentó suicidarse en la cárcel de Quatre Camins de la Roca del Vallès (Barcelona), tras aislarle como castigo por amenazas a un funcionario.
Según el auto de la Audiencia que resuelve el recurso interpuesto por el preso, la Administración no aplicó las "medidas de vigilancia y custodia adecuadas", ya que Ángel O. --entonces con 23 años-- tenía varios antecedentes por autolesiones y suicidio, por lo que no se le debería haber aislado sin la vigilancia adecuada.
El 8 de agosto de 2000, Ángel O. --que era toxicómano y tomaba medicación psicotrópica-- fue recluido en una celda de aislamiento por haber amenazado a un auxiliar de enfermería de la cárcel al que había dicho, entre otras cosas: 'Te vas a enterar de quién soy' y 'Ten mucho cuidado con meterme un parte'.
El comité de disciplina de Quatre Camins acordó su ingreso en una habitación del Módulo 2 en vez de una del Departamento Especial --porque estaba lleno--, y valoraron que los antecedentes de autolesiones del demandante habían sido "meros simulacros".
"Los antecedentes debieron ser valorados adecuadamente antes de iniciar el cumplimiento de la sanción", recoge la sentencia, que indica que un lugar distinto para el interno hubiera sido más conveniente, pues habría tenido medidas de control y vigilancia adecuadas.
CON UN CORDÓN
Ángel O. se intentó ahorcar con los cordones de nailon, de unos 90 centímetros, de la bolsa que la prisión le había dado para llevar sus pertenencias a la celda de aislamiento.
La Audiencia también ha criticado que estos cordones eran "plenamente prescindibles", ya que una cosa es que se necesite una bolsa para llevar las pertenencias del interno, y otra que esta bolsa quede en su posesión y pueda utilizarla para suicidarse.
Para la Administración, que también deberá pagar 25.000 euros al padre del demandante por haber reclamado en nombre de su hijo, los cordones no son un objeto capaz de generar daño "por si mismo", sino que su peligrosidad deriva del uso que cada uno haga de él, por lo que se desentendieron de toda responsabilidad en un recurso.
