Amplía un 2% el cupo de empleo reservado y modifica el régimen sancionador para perseguir la discriminación
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contempla la modificación de un total de diez leyes para implantar, entre otras medidas, una revisión del acceso al empleo público ampliando al siete por ciento el cupo de reserva.
Así lo ha explicado la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha destacado en rueda de prensa que el anteproyecto introduce además una "nueva definición del concepto de personas con discapacidad y favorece que puedan presentar por sí mismas su consentimiento en los procesos sanitarios".
En concreto, en materia laboral, se recoge el citado aumento del cupo de reserva, que pasa del cinco al siete por ciento, con la previsión de que el dos por ciento de empleos reservados sean ocupados por personas con discapacidad intelectual. Además, se ordena al Gobierno que en un año promueva medidas para garantizar que esta reserva se produce "en las empresas de más de 50 trabajadores".
El antreproyecto modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad a fin de que si una administración de servicios sociales comete una infracción muy grave, pueda conllevar la "inhabilitación definitiva" de estas actividades.
Además, en los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, como ocurre con los casos de género.
En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser "accesible y adaptada a sus diversas capacidades" igual que la prestación de consentimiento de los pacientes con discapacidad para someterse a pruebas e intervenciones.
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRANSPORTE Y LOS SEGUROS
Por otra parte, la norma contempla que "todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte", como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado "incorporarán una memoria de accesibilidad que analice las exigencias y determine las soluciones técnicas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y no discriminación".
En este sentido, se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros para que no se pueda denegar este servicio o imponer condiciones más gravosas que al resto de la población.
En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
Asimismo, se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado. Este Observatorio, situado en Olivenza (Badajoz), se encarga de la recopilación de información relacionada con el ámbito de la discapacidad. Con carácter anual, confeccionará un informe sobre la situación y evolución de la discapacidad en España, que se elevará al Consejo Nacional de la Discapacidad, para su conocimiento y debate.
Este anteproyecto es fruto del trabajo de un grupo interministerial cuyo informe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo. En total, modifica diez leyes aunque se completará en los próximos meses con la modificación de otras normas, conforme ha avanzado el Gobierno.
