BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, afirmó hoy que el Gobierno estudia computar el tiempo que pasaron en España los inmigrantes retornados a sus países, de forma que si regresan tengan más facilidades para obtener la nacionalidad, entre otros documentos.
En la inauguración de un encuentro sobre extranjería en Barcelona, Terrón se mostró partidaria de "reconocer la dignidad" de los inmigrantes que han trabajado en España y hacerlo reconociendo el tiempo que permanecieron en el país.
Terrón señaló que las políticas de inmigración deben dar respuesta a la "continua movilidad" de las personas entre países y a la inmigración circular, al tiempo que admitió que la Ley de Extranjería --que se aprobó en diciembre de 2009-- fue "pensada y hecha" en otro momento del ciclo migratorio, por lo que en su opinión, el reglamento deberá actualizar la norma.
La subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García, constató por su parte el desplome de expedientes de extranjería en la provincia de Barcelona por la crisis, donde pasaron de gestionar 50.000 solicitudes de residencia y de trabajo en 2007 a 2.500 en el año 2009.
No obstante, apuntó que cuando se cumplen cinco años del último proceso de regularización realizado por el Gobierno, 160.000 personas solicitarán renovar sus permisos, de los que 90.000 serán de larga duración. Añadió que el número de extranjeros que residen de forma legal en la provincia se multiplicó por tres en cinco años, pasando de los 240.000 en 2004 a los 720.000 en 2009.
Terrón, que sostuvo que estos datos pueden extrapolarse a todo el Estado, atribuyó el "ajuste automático" en las solicitudes de primera residencia al desplome de las ofertas laborales. Las cifras son "chocantes" por lo "contenidas" que son, remachó.
Ambas participaron en la inauguración del XX Encuentro de Abogados de Extranjería y Asilo 2010, que se celebra entre hoy y el sábado en el Colegio de Abogados de Barcelona. También asistieron el secretario de Inmigración de la Generalitat catalana, Oriol Amorós; el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúferam, y el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del CGAE, Luis Nieto.
