El Congreso rechaza una nueva propuesta del PP para prohibir por ley las regulaciones masivas de inmigrantes
MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de Inmigración, Pilar López, anunció hoy en el pleno del Congreso que el Gobierno tramita un expediente para hacer operativo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en las Islas Baleares, a lo largo de 2008 y 2009.
El pleno de esta cámara rechazó una proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular con un diversas propuestas dirigidas a hacer frente a la inmigración irregular que entre otros puntos, recoge una vez más su exigencia de prohibir por ley las regulaciones masivas. La propuesta del PP sólo contó con el apoyo de los diputados de Coalición Canaria.
El diputado del PP Miguel Barrachina se refirió al informe "demoledor" presentado ayer por la OCDE sobre el incremento de las migraciones internacionales que, desde su punto de vista, "viene a confirmar que España es el peor país en la lucha contra la inmigración irregular".
"La situación de España es sin duda la peor de las situaciones en el conjunto mundial y a esta situación de colapso institucional alguien falta a la verdad, o (el ministro de Trabajo, Jesús) Caldera, o todos los organismos internacionales", apuntó.
El PP cifra el número de irregulares en España en más de un millón, teniendo en cuenta que hay 4,4 millones de extranjeros empadronados y tan sólo 3 millones de permisos de residencia. En este sentido, sus propuestas pasan por un incremento de recursos para el sistema Frontex, establecer convenios de cooperación con Guinea, Guinea-Bissau y Gambia para el control de fronteras o la ampliación a 70 días el periodo máximo de retención de irregulares, para favorecer las repatriaciones.
PSOE: "UN GRAN PACTO" CONTRA LA INMIGRACIÓN IRREGULAR.
Por parte del PSOE, la diputada Isabel López defendió las líneas de trabajo realizadas por el Gobierno (lucha contra la inmigración irregular, gestión ordenada de flujos, integración y cooperación con los países de origen) que según sus datos, han reducido en un 50 por ciento la llegada de embarcaciones con irregulares a las costas españolas.
No obstante, reconoció que "quedan cosas por hacer" y defendió "un gran pacto" entre todos los grupos en el marco de la subcomisión de Inmigración creada en el Congreso.
Desde CiU, Carles Campuzano se mostró en contra de la propuesta del PP para incrementar el periodo de permanencia de los irregulares en centros de internamiento, así como de la "prohibición expresa" de los procesos de regulación.
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá criticó el enfoque de la iniciativa del PP y advirtió de que el sistema de vigilancia costera (SIVE) supondría un "gasto desmesurado desproporcionado", a su juicio, "propio de una situación bélica".
En la misma línea, Joan Tardá (IU-ICV) reclamó el reconocimiento de derechos políticos a los extranjeros como "el mejor antídoto frente al racismo y la xenofobia". Finalmente, Olaia Fernández (BNG) criticó que se enfoque la lucha contra la inmigración irregular "desde el punto de vista de la represión".
