Actualizado 30/05/2008 16:00

Greenpeace insiste en sus acusaciones contra dos empresas españolas por fabricar bombas de racimo

EXPAL niega las acusaciones e Instalaza no hace comentarios al respecto


MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Explosivos alaveses EXPAL niega las acusaciones vertidas por Greenpeace sobre su implicación en la fabricación de bombas de racimo en España, en concreto, del modelo BME-330. Por su parte, la compañía aragonesa Instalaza, acusada por la ONG de fabricar la MAT-120, no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Tras la aprobación de la Convención sobre Municiones de Racimo, un documento internacional aprobado por 110 Estados --entre los que se encuentra España--, Greenpece mostró su convencimiento de que se prohibirá la fabricación de las bombas de racimo en todo el mundo, a pesar de que el texto no cuenta con el respaldo de los principales productores, Estados Unidos, Rusia, China e Israel.

Sin embargo, desde la compañía EXPAL, fuentes de la empresa consultadas por Europa Press niegan estas acusaciones y aseveran: "No fabricamos bombas de racimo".

Con motivo de la reciente protesta organizada en la sede de Madrid por activistas de Greenpeace, la compañía aseguró que "cumple estrictamente las instrucciones que da el Ministerio de Defensa del Gobierno de España".

Asimismo, EXPAL subrayó que "cumple estrictamente todos los convenios nacionales e internacionales firmados por España sobre distribución, venta, fabricación y almacenaje de productos de defensa".

Por su parte, la empresa zaragozana Instalaza no ha querido hacer ningún tipo de declaración.

ESPAÑA GASTO 3,1 MILLONES EN BOMBAS

El Gobierno español ha destinado en los últimos cuatro años 3,18 millones de euros a procesos de compra y mantenimiento de municiones de este tipo, según documentos oficiales consultados por Europa Press. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Defensa aprobó tres contratos de adquisición bombas de rácimo de los modelos BME-330 y MAT-120 y un cuarto expediente de mantenimiento de este tipo de munciones, todos ellos adjudicados a las empresas españolas Instalaza y Explosivos Alaveses.

El primer contrato, de mantenimiento de bombas BME-330, fue adjudicado por el actual Gobierno a la compañía Explosivos Alaveses el 28 de diciembre de 2008. El expediente fue tramitado por un procedimiento negociado sin publicidad y tuvo un presupuesto de adjudicación de 799.998 euros.

Once meses después, el 29 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa aprobó un contrato de compra de bombas de racimo MAT-120 a Instalaza, que aparecían catalagodas en el expediente de adjudicación dotado con 1,49 millones de euros como "granadas de mortero de 120 milímetros con 21 submuniciones". Este modelo de munición ha sido denunciado por las Organizaciones No Gubernamentales como una de las bomba de racimo españolas.

Ya en agosto de 2006, el Ministerio de Defensa concedió otro contrato a Explosivos Alaveses, también de mantenimiento de sus bombas BME-330, dotado con un presupuesto de adjudicación de 447.300 euros.

El último de los contratos consultados por Europa Press, con fecha de adjudicación de 19 de septiembre de 2006, fue una compra a Instalaza de bombas de racimo MAT-120, catalogadas en el expediente como "500 granadas de mortero de 120 milímetros", sin especificar que se trata de municiones con 21 submuniciones.

CARACTERISTICAS DEL TRATADO

Las municiones de racimo, al explotar en el aire, diseminan cientos de pequeñas bombas en una amplia zona, las cuales a menudo no llegan a detonar, por lo que crean pequeños campos de minas que pueden causar la muerte o herir a cualquiera que las encuentre más tarde. Del total de bajas causadas por este tipo de munición, el 98 por ciento son civiles.

La Convención sobre Municiones de Racimo establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación. Cualquier posible retraso debe ser justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas.

Asimismo, la Convención refuerza el apartado de asistencia a las víctimas, estableciendo la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad.

Por último, cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al secretario general de la ONU, en el que se detallará el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas, los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas. Este informe debe ser actualizado anualmente.