26 Oct. (EUROPA PRESS)
La cifra de brazaletes GPS activos para localización de maltratadores con orden de protección ha superado al de mujeres identificadas en situación de riesgo alto y extremo por violencia de género según los datos oficiales, de los que se desprende que a 26 de octubre, están funcionando 463 brazaletes y figuran 402 víctimas en peligro.
En declaraciones a Europa Press, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, ha señalado que estas cifras no tienen por qué coincidir, ya que la valoración del riesgo la realizan las fuerzas policiales en un primer momento pero cuando el caso llega ante el juez, las circunstancias pueden haber cambiado.
No obstante señala que "lo razonable" es que ambos recuentos sean más o menos parejos, porque si bien el juez puede disponer de información adicional para modificar la valoración del riesgo de una víctima respecto del atestado policial, en la mayoría de los casos coincide con las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la situación en que se encuentra la mujer.
Así, según las evaluaciones policiales, 33 mujeres se encuentran actualmente en riesgo extremo en España, como ya adelantó este lunes el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y otras 369 han sido identificadas en situación de riesgo alto. "Es la primera información que llega, luego influyen otros factores", apostilla Lorente.
En total, con 463 brazaletes en uso, está funcionando un 13 por ciento del total de dispositivos (3.000) que Interior, Justicia y el ya extinto Ministerio de Igualdad pusieron a disposición de los jueces de toda España para que los puedan imponer como medida cautelar en los casos de violencia machista en que la víctima se encuentre en riesgo alto o extremo.
EL BRAZALETE, NO SÓLO CAUTELAR
Sobre este asunto, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley a instancias del Grupo Popular, en la que se reclama al Gobierno un mayor impulso a este tipo de medidas telemáticas de protección, modificando el protocolo de funcionamiento para que dejen de funcionar exclusivamente con carácter cautelar y sean compatibles con la condena impuesta al maltratador.
Conforme ha explicado la diputada 'popular' y autora de la iniciativa, Susana Camarero, en declaraciones a Europa Press, los jueces habían denunciado que los GPS sólo se podían imponer como parte de la medida cautelar, por lo que en el momento en que el agresor era condenado, podía "estar en la calle, porque no todas las condenas implican cárcel, tener una orden de alejamiento y sin poder llevar el brazalete", es decir, que la condena "perjudica" así a la víctima.
